Esta carta la enviaron desde IPAS en Brasil a los emails de todos los Diputados y a la Embajada Dominicana en Brasil, igual hicieron de CLADEM Puerto Rico.
Rio de Janeiro, 23 de octubre de 2012
Ilustres Diputados y Senadores,
Ipas es una organización internacional no gubernamental dedicada por casi 40 años a promover los derechos reproductivos de las jóvenes y mujeres y tiene oficinas en varios países de la región. Por esa razón queremos sumarnos a las organizaciones de la sociedad civil de la región y las redes de la Republica Dominicana que han manifestado su rechazo al Proyecto del Código Penal Dominicano.
En los países con una prohibición criminal del aborto en cualquiera circunstancia existe una violación sistemática de los derechos fundamentales de las mujeres, lo cual constituye una negación de varios tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. La protección del no nascido como justificativa para la criminalización total del aborto trae un impacto y un peso desproporcional para el ejercicio de los derechos humanos para las mujeres y adolescentes.
Cuando el derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas con respecto al aborto está totalmente restringido, queda amenazada una amplia gama de derechos humanos inherentes a su condición de persona, su dignidad y privacidad. Hay violaciones de sus derechos a la salud, a la no discriminación y libertad de trato inhumano. Los obstáculos a la toma de decisiones autónomas sobre la reproducción interfieren con la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos humanos de forma indivisible y interdependiente.
Los instrumentos internacionales de derechos humanos y las interpretaciones directamente relevantes emitidas al respecto por las entidades autorizadas de las Naciones Unidas, llevan a la conclusión que la mujer tiene el derecho a decidir en asuntos relacionados con el aborto. Desde mediados de los años 90 hasta el comienzo de 2005, estos órganos han emitido al menos 122 observaciones finales referidas a 93 países, abordando de manera sustantiva la relación entre el aborto y los derechos humanos básicos. Estos órganos sostienen que ciertos derechos humanos firmemente establecidos se ven comprometidos por leyes y prácticas en materia de aborto que poseen un carácter punitivo y restrictivo.
Como consecuencia de esta barrera legal, el aborto inseguro se ha convertido en la segunda o tercera causa de la mortalidad materna en muchos países ya que, con independencia de que las leyes sean restrictivas, la necesidad de la mujer a recurrir al aborto no ha desaparecido. Las leyes punitivas solo sirven para que las mujeres acudan al circuito clandestino y, muchas veces, inseguro. El mayor contrasentido respecto a la legislación sobre el aborto en la región es que quienes promueven la prohibición total lo hacen afirmando el derecho a la vida, mientras que la realidad demuestra que a lo que contribuye es a acabar con la vida de miles de mujeres cada año.
Además de que la completa prohibición al aborto en cualquiera circunstancia es una violación a los derechos humanos de las mujeres, en el texto del Código Penal en discusión se identifican importantes retrocesos con respecto a la Ley 24-97 como la eliminación de la sanción a la violencia de género contra las mujeres. El resultado es la restricción de ese tipo de violencia solamente a la que se produce entre miembros de una familia, concepto que desconoce totalmente la realidad de violencia que enfrentan diariamente las mujeres en este país. Las alarmantes cifras de más de 62,374 denuncias de violencia de género e intrafamiliar reportadas en el año 2011 por la PGR, y las 5,657 denuncias por delitos sexuales contra mujeres, dan cuenta de esta realidad, todavía oculta y sub-registrada.
Esperamos que no sea aprobado nuevamente el Proyecto del Código Penal Dominicano aprobado en primera lectura el martes 16 de octubre de 2012 por la Cámara de Diputados y que se proteja la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y niñas en Republica Dominicana.
Respetuosamente,
Beatriz Galli
Beatriz Galli
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