La conmemoración del Día de la No Violencia Contra la Mujer encuentra a nuestro país sumido en la crisis de violencia machista que nos arropa desde hace años, sin que se atisben por el momento indicios de solución. Para el período enero-septiembre de este año, la Procuraduría General de la República contabiliza 112 feminicidios (126 hasta el día de hoy, según el Observatorio de Ciudadanía Activa de las Mujeres) y más de 54,200 denuncias de violencia intrafamiliar y de género, cifras escalofriantes que sitúan a nuestro país como uno de los lugares más peligrosos del mundo para las mujeres.
Desde el año de 1977 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha venido organizando cada tres años la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que en sus inicios se llamaba Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, a través de la Unidad Mujer y Desarrollo creada en el mismo año, que actualmente se denomina División de Asuntos de Género, la cual fungía como "la unidad interdisciplinaria especializada en asuntos de género de la CEPAL" (CEPAL, 2013).
Las Conferencias se desarrollan con el propósito de "identificar las necesidades regionales y subregionales de las mujeres, presentar recomendaciones, realizar evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos y planes regionales e internacionales sobre el tema, y proporcionar un foro para el debate sobre estas materias" (OEA, 2008).
En la primera Conferencia desarrollada en La Habana Cuba, en el año de 1977, se recomendaba la aprobación del Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, el cual fue aprobado por los Estados Miembros de la CEPAL el mismo año. El propósito del Plan de Acción era "presentar, dentro de los principios de la justicia, la equidad y el respeto a la soberanía de los Estados, un programa de acciones mínimas encaminadas a lograr la promoción de la igualdad de oportunidades y responsabilidades de la mujer en el esfuerzo común destinado a superar obstáculos que impiden, tanto a mujeres como a hombres, su desarrollo como individuos miembros de una sociedad" (CEPAL, 1977).
Fue hasta la sexta Conferencia desarrollada en Argentina en el año de 1995, que se aprobó un nuevo Plan denominado esta vez como Programa de Acción Regional con ocho áreas estratégicas como equidad de género, desarrollo social y económico, responsabilidades familiares compartidas, entre otros (CEPAL, 1995).
Desde la séptima Conferencia se han aprobado seis Consensos regionales que abordan temas como la participación de la mujer en el poder y la toma de decisiones, la violencia contras las mujeres y las niñas, acceso al mercado laboral y al empleo, estadísticas de género, uso del tiempo, salud integral y derechos sexuales y reproductivos, inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas, presupuestos con enfoque de género, acceso de las mujeres a las tecnologías de la información, corresponsabilidad, entre otras.
Desde la creación del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA) en el año 2005 se han realizado tres Conferencias Regionales sobre la Mujer en las cuales se ha ido incrementando la participación y sobre todo la incidencia de los mecanismos institucionales para el avance de la mujer de la región SICA. Muestra de ello es que la última Conferencia se desarrolló en República Dominicana, que es uno de los países que forman parte del COMMCA, y en ella el COMMCA adoptó una posición conjunta para proponer algunas modificaciones al Consenso de Santo Domingo, las cuales al final fueron incorporadas en su totalidad.
Informe “El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe”
La respuesta de los estados de América Latina y el Caribe a la violencia contra las mujeres muestra logros y deficiencias
Ciudad de Panamá, 22 de noviembre de 2013. La violencia contra las mujeres representa un problema de gravísima relevancia en América Latina y el Caribe. Dos de cada tres mujeres asesinadas en Centroamérica lo han sido por el simple hecho de ser mujeres. Entre el 17% y el 53% de mujeres, según el país de la región, alguna vez casadas o en unión física han reportado haber sufrido violencia sexual o física de parte de un compañero íntimo. En respuesta, varios estados han reconocido la importancia de abordar la violencia contra las mujeres de manera coordinada y sostenida, a través de leyes y planes nacionales. El Informe “El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe”, presentado hoy en Panamá por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, en colaboración con el Instituto Nacional de la Mujer de Panamá (INAMU), analiza en profundidad dichos planes, su vinculación con el marco legislativo vigente y las lecciones aprendidas. Reconoce logros alcanzados, pero señala importantes déficits y sugiere una serie de recomendaciones para una mayor efectividad en el freno a la violencia contra las mujeres.
La presentación del documento -elaborado con el apoyo del Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio-, en la mesa de inauguración contó con la participación de Freddy Justiniano, Director del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe y Markelda Herrera, Directora del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá.
“El objetivo del Informe es compartir conocimiento con los países de la región y contribuir a mejorar los niveles de implementación de los planes”, señaló Freddy Justiniano, Director del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe. “Se recomienda transformar el abordaje de la violencia contra las mujeres en una política de Estado, que dé sostenibilidad a los planes nacionales y que envíe a la sociedad un mensaje de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres”, agregó.
“En la región se observan marcos normativos renovados, políticas públicas y planes nacionales que incluyen las nuevas expresiones de violencia como así también la implementación de programas específicos para atender las cuestiones de género y la violencia contra las mujeres y niñas brindando de forma progresiva una respuesta cada vez más integral”, sostuvo Anna Coates, Directora Adjunta de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.
El informe subraya que se ha avanzado en la institucionalización de nuevas y mejores prácticas, más inclusivas y participativas, que impactan en el diseño y el desarrollo de las políticas y/o planes nacionales de igualdad de género y luchan contra la violencia hacia las mujeres.
Varios datos confirman estos logros. Por ejemplo, el 97% de los países han aprobado leyes contra la violencia doméstica, y 10 países han aprobado legislaciones de segunda generación que suponen importantes avances en el abordaje integral de la violencia contra las mujeres; en 22 de los 32 Estados (69%) de la región se han creado sistemas para la gestión de las políticas y/o planes nacionales; los 32 países (100%) han implementado campañas de prevención, sensibilización, promoción, divulgación y/o fomento de actitudes, valores y prácticas de respeto a los derechos humanos y a una vida libre de violencia contra las mujeres. Los 32 países (100%) han creado espacios para brindar servicios de atención médica, psicológica, contención emocional y económica a mujeres víctimas; y en 22 de los 32 países (69%) se han creado unidades de policía especializadas para atender mujeres.
Sin embargo, el informe identifica “nudos críticos” en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y planes para erradicar la violencia. Dichos nudos –que responden a factores político-institucionales, normativos, distributivos, organizacionales o culturales- son la escasa voluntad y apoyos políticos; la insuficiente asignación de recursos financieros; la débil articulación interinstitucional, intersectorial e interjurisdiccional; los cambios de gestión y las altas tasas de rotación; la falta de integralidad en la respuesta institucional; la debilidad de las capacidades técnicas y la persistencia de culturas institucionales tradicionales.
La propuesta de PNUD y ONU Mujeres, en el marco de la campaña del Secretario General es promover la formulación e implementación de políticas y/o planes nacionales específicos con un enfoque integral y cuyos objetivos estén centrados en los ejes de prevención, atención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres.
Para hacer esto posible se requiere al menos transformar el abordaje de la violencia contra las mujeres en una política de estado, Fortalecer enfoques más integrales en los planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres, Promover la rendición de cuentas en términos de resultados alcanzados y recursos asignados, por parte de las instituciones involucradas en la implementación de este tipo de planes y políticas y Fortalecer las capacidades de los cuadros políticos y operadores técnicos de la Administración Pública para una implementación más eficaz y eficiente de los planes nacionales integrales.
Acceda al Informe online:
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2195&ml=1&mlt=system&tmpl=component
Folleto:
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2196&ml=1&mlt=system&tmpl=component
Para más información:
Pablo Basz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
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