A lo largo de la última década, las y los legisladores dominicanos han sido objeto de presiones, amenazas y hasta de chantajes por parte de una Iglesia católica que, actuando al margen de principios y procedimientos democráticos, se empecina en utilizar el poder coercitivo del Estado para imponer sus posiciones doctrinales particulares a toda la población.
En esta ocasión la injerencia eclesiástica en el proceso legislativo resulta particularmente ofensiva porque apunta contra medidas tan razonables y oportunas como son la tipificación del feminicidio y la adopción del Estado de Necesidad para permitir la interrupción médica del embarazo cuando éste amenace de forma inminente la vida de la mujer.
Este proceder eclesiástico resulta por demás incomprensible: ¿Cómo es posible que a estas alturas la Iglesia se oponga a una medida que busca combatir el feminicidio, en un país donde los asesinatos de mujeres alcanzan la categoría de catástrofe nacional? Y no sólo se opone, sino que utiliza el argumento baladí de que la calificación resultadiscriminatoria contra los hombres, por no existir en el Código la contrapartida del “masculinicidio”!
En lo que respecta a los artículos del Código relativos al aborto, las posiciones de la Iglesia alcanzan un grado de fanatismo extremo: 1) Pide incrementar a 30-40 años la pena de cárcel para la mujer que aborta, entendiendo que éste debe ser castigado como homicidio premeditado; 2) Pide se elimine el párrafo del Art. 90 que permitiría “la interrupción del embarazo cuando sea practicado por personal médico especializado, en establecimientos de salud públicos o privados, siempre que el mismo se produzca como consecuencia de un estado de necesidad”, es decir, cuando el embarazo represente “un peligro actual o inminente” contra la vida de la mujer.
El principal argumento de la Iglesia en este sentido es que ante una complicación que ponga en peligro la vida de la mujer, el médico “está obligado a luchar para salvar las dos vidas y si en este esfuerzo uno de los dos muere no hay ninguna responsabilidad penal”. Esto es lenguaje canónico cifrado para edulcorar un poco la posición despiadada e inhumana de la Iglesia frente el aborto terapéutico, que se reduce a lo siguiente: el embarazo no debe interrumpirse nunca, aunque muera la mujer, porque el embrión es una persona y como tal tiene el mismo derecho a la vida que la mujer adulta.
¿Debe la sociedad dominicana, por vía de nuestros representantes electos al Congreso, permitir que la Iglesia nos imponga esta visión extremista, oscurantista y misógina? La oposición de la Iglesia a la anticoncepción y al aborto terapéutico son una cuestión doctrinal particular que en todo caso correspondería cumplir a ese 56% de la población dominicana que se identifica como católica según el Latinobarómetro del 2012 (57% según la Penn & Schoen del 2013).
Bajo ninguna circunstancia debemos permitir que esta doctrina se nos imponga a todos con fuerza de ley, porque sólo las teocracias proceden de esta manera –y cabe recordar que hasta en las teocracias más recalcitrantes, como Irán y Arabia Saudita, se permite el aborto terapéutico!
La Colectiva Mujer y Salud entiende que la prohibición del aborto viola los derechos fundamentales de la mujer a la autodeterminación, a la integridad corporal, a la dignidad, a la intimidad, a la salud. Entiende que las mujeres somos personas con derecho a tomar decisiones reproductivas propias, no incubadoras a las órdenes del Estado o de la Iglesia. Entiende que el Estado que obliga a una mujer a llevar a término un embarazo que amenaza su salud o que sea producto de violencia sexual merece el calificativo de barbárico.
Nuestros legisladores harán bien en reconocer que la Iglesia católica no sólo que no tiene derecho a imponer sus doctrinas por la fuerza de la ley, sino que tampoco cuenta con la capacidad efectiva para chantajear a los actores políticos que se nieguen a obedecerla. Basta recordar cuan inútiles resultaron sus amenazas electorales contra los 33 legisladoras/es que se opusieron al Art. 30 (actual 37) de la Constitución.
La sociedad dominicana está decididamente a favor de la despenalización del aborto terapéutico, como muestran todos los estudios y encuestas de los últimos años. Los nuevos e insólitos argumentos eclesiales en contra de la tipificación del feminicidio con toda seguridad merecerán también el rechazo de la ciudadanía.
La Colectiva llama a las y los ciudadanos a manifestar su indignación frente a las exigencias de la Iglesia por todas las vías a su alcance: llamadas o cartas a las/os legisladores, participación telefónica en programas radiales, uso intensivo de las redes sociales, etc. Llamamos asimismo a que nos acompañen el próximo martes 17 a las 7:30 de la mañana en la actividad “Temprano Contra los Feminicidios” frente al Congreso Nacional, donde reiteraremos nuestra demanda de que se tipifique el feminicidio en toda la amplitud del término y que cómo mínimo se despenalice el aborto terapéutico y en casos de violación o incesto.
Colectiva Mujer y Salud
12 de junio 2014
