En la región americana, esta preocupación tuvo eco en la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente 2006-2015 que reconoce la igualdad de género como un objetivo transversal y un área específica de intervención y que incluye como meta "aumentar en un 10 por ciento la tasa de participación de las mujeres y, en un porcentaje proporcional a éste, la tasa de ocupación, y reducir a la mitad las actuales brechas de género existentes en materia de informalidad y de ingresos laborales." Para avanzar hacia el cumplimiento de esta meta, se señala la necesidad de formular y aplicar un conjunto articulado de políticas a favor de la igualdad y de la reducción de la discriminación.

Estas políticas se han puesto en práctica en distintos países de la región, en formas diversas. En República Dominicana, en las últimas décadas se han dado cambios importantes en la estructura del Estado y en la forma en que ejecuta sus políticas y ha habido un significativo aumento de los recursos destinados a inversión social, con el objetivo de enfrentar la pobreza, eliminar las desigualdades y promover el desarrollo. Sin embargo, la atención a la protección a la maternidad y a las responsabilidades familiares que han dado estas políticas es, como lo demuestra este informe, aún insuficiente.

Se están dando, no obstante, pasos en la dirección correcta. Particularmente importante es la alianza estratégica firmada entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Trabajo para impulsar la implementación del PLANEG II y el Plan Estratégico de Género de esta última institución. Entre los objetivos específicos de esta alianza se encuentra la promoción de la ratificación del Convenio núm. 156 de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares.

Al mismo tiempo, se ha creado una Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades, con un rol eminentemente técnico, de análisis de los temas que afectan a la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, con miras a la formulación de recomendaciones al Consejo Superior de Trabajo. Esta Comisión nace del reconocimiento expreso de la importancia del diálogo social como una herramienta para la toma de decisiones, pero no de cualquier diálogo sino de un diálogo informado, que base sus decisiones en la información de la mejor calidad y más actualizada.

En el seno de esta Comisión, ha sido precisamente la ratificación del Convenio núm. 156 de la OIT uno de los primeros temas de análisis y discusión, en reconocimiento a la importancia crucial que tiene para el país su ratificación y, en general, que se den avances sustantivos en esta área para contribuir con el desarrollo económico y social del país.

El objetivo de este estudio es, precisamente, poner sobre la mesa los argumentos que demuestran cómo mejoras en esta área traerían beneficios para la productividad de las empresas, mejorarían la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras y sus familias y, en definitiva, contribuirían a reducir la desigualdad de género en la sociedad dominicana.

Con ese espíritu es que ponemos esta investigación a disposición de la sociedad dominicana, esperando que tanto su contenido como sus recomendaciones, sirvan de base para movilizar recursos y voluntades que permitan avanzar hacia una corresponsabilidad en el cuidado familiar, donde mujeres y hombres se distribuyan esta enorme tarea a lo interno de los hogares, y donde Estado, empresas, trabajadores y trabajadoras y resto de la sociedad, jueguen el rol que permita distribuir la carga y lograr mejoras que