Viernes, 23 Noviembre 2012 19:11

Ironías del 25 de noviembre

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Las acciones del Estado en torno a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y las niñas deben mostrar coherencia lógica entre las políticas y programas hasta ahora desarrollados y la propuesta de Nuevo Código Penal que reposa en la Cámara de Diputados y Diputadas.

La aprobación de la Ley 24-97, como componente jurídico de la política pública hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, sentó las bases para el abordaje desde el sistema público. A partir de ésta, se dispuso el diseño de normas y modelos de atención, se crearon infraestructuras específicas, sobre todo en el ámbito judicial y del Ministerio Público. Además, especialización y capacitación de recursos humanos, a la par de un discurso de preocupación unido a la realización de campañas de difusión y prevención, entre otras intervenciones, que a pesar de las críticas que reciben, entre ellas la falta de recursos y la repercusión de sistema político partidista, la diferencia con lo que existía antes de la aprobación de la ley es abismal.

Los actos conmemorativos del Día Internacional contra la Violencia hacía las mujeres, una vez más como cada año, nos presentan marchas organizadas por personas prestadoras de servicios del sector oficial, declaraciones en medios de comunicación en las cuales se informa sobre la actualización del número de denuncias y feminicidios, o su posible participación en otros eventos en torno a los quince días de activismo. Ante la coyuntura actual, cabe la pregunta ¿Cómo vincularles con la propuesta de Código Penal que está siendo conocida en la Cámara de Diputados y Diputadas?

 

Pese a los diferentes actores que interactúan en el sistema, hasta ahora el Ministerio de la Mujer ha estado dentro de los pocos que se han dejado escuchar para advertir los retrocesos de ser aprobado el Código Penal según el informe de la comisión.

Nos preguntamos cuántos jueces o juezas, Fiscales a nivel nacional o Coordinadoras de Unidades de Atención a la Violencia contra la Mujer, de catorce que existen en todo el país, han sido consultadas. ¿Han consultado el personal multidisciplinario que integra estas unidades? ¿Cuál ha sido el acercamiento con la Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer, de la Procuraduría General de la República? En el país existen excelentes personas profesionales, hombres y mujeres, con muchos años de trabajo y conocimiento de cómo afecta el fenómeno en la realidad dominicana ¿Han sido escuchadas estas voces?

La poca coherencia no solo se muestra como agentes estatales, también como integrantes del mismo partido en funciones encargado de la administración del Estado, el cual además ocupa la mayoría congresual. Lo que pudiera ser un plus que propicie las condiciones para el diálogo.

De ser aprobado el Código según el informe nos dejarán como herencia partidista la autoría intelectual y responsabilidad solidaria del mayor retroceso legislativo contra las mujeres hecho en el país.

Más allá del ambiente político ante las consecuencias del “paquetazo fiscal” y el entramado para disimular la atención de las discusiones, las mujeres merecen garantías legales para disfrutar de una vida libre de violencias.

La modificación del componente legal de la política pública debe ser el resultado de una evaluación y análisis de su impacto en el sistema y en la vida de las víctimas, en consulta con actores(as) que intervienen desde diferentes disciplinas para la superación del fenómeno.  Por el contrario, no una carta sacada de la manga con ánimo sorpresivo y unilateral.

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