SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Las organizaciones que integran la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres solicitaron este lunes al Congreso Nacional que acoja la observación del presidente Danilo Medina sobre los artículos referentes a la penalización del aborto contenidos en el Código Penal recientemente aprobado por los legisladores.
En este sentido, las organizaciones se manifestaron en contra de la plena penalización del aborto y defendieron que se establezcan excepciones cuando peligra la vida de la madre, cuando la mujer ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión o feto presenta malformaciones incompatibles con la vida.
"La penalización absoluta del aborto es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, un problema de salud pública, de justicia social y de democracia", expresaron representantes de las entidades.
Asimismo, opinaron que la penalización absoluta del aborto no puede ser la respuesta del Estado a un problema cuyas raíces no están en la falta de castigo, sino en la ausencia de prevención y atención.
"El Estado no garantiza a las mujeres pobres, en particular, su derecho a educación sexual, a información oportuna y científica, a servicios de salud integrales, incluido el acceso a métodos anticonceptivos adecuados y gratuitos", dijeron las entidades sociales.
Consideraron que la penalización del aborto sin excepciones promueve e institucionaliza la injusticia social.
Las agrupaciones de mujeres, gremios del área de la salud, organizaciones políticas, sociales y académicas explicaron que lo más justo sería equiparar la legislación dominicana a la de la mayoría de países del mundo, donde se permite la interrupción del embarazo en tres casos excepcionales.
Pidieron a los legisladores que acojan la observación del presidente en el "más breve plazo".
Además, recordaron que pese a las limitaciones para estimar los casos de abortos que se realizan en el país, "datos oficiales citan que las complicaciones por aborto es la cuarta causa de mortalidad materna".
También indicaron que el 19 por ciento del total de embarazos registrados por el Ministerio de Salud termina en abortos.
"La criminalización del aborto sin excepciones, en lugar de contribuir con este objetivo, resta efectividad a los esfuerzos por reducir la alarmante tasa de mortalidad materna que presenta el país", sostuvieron.
Las organizaciones expusieron que los representantes de la sociedad dominicana en el Congreso Nacional están llamados a atender la opinión de sus representados, que "en su mayoría (61.2%) se muestran a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la mujer, según el informe Barómetro de las Américas de 2012". EFE
La aprobación por parte del Congreso Nacional del Código Penal y su posterior observación y devolución al Congreso por parte del presidente Danilo Medina, ha reavivado en el país el debate sobre la despenalización del aborto en casos excepcionales: cuando la vida de la mujer embarazada está en riesgo; cuando el embarazo es consecuencia de una violación o incesto; o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.
A los argumentos jurídicos y datos que acompañan esta discusión pública, me gustaría añadir una historia real y reciente, la del caso Esperancita. Porque traer los debates a lo concreto, al suelo que pisamos y a las realidades que vivimos siempre ayuda a ampliar nuestra mirada.
El 2 de julio de 2012 la señora Rosa Hernández, madre de Rosaura Almonte (conocida en los medios como Esperancita), joven de 16 años, acudió a un hospital de la ciudad capital. El mismo día de su ingreso fue diagnosticada con Leucemia Aguda, un tipo de cáncer de la sangre que requiere de la administración inmediata de quimioterapia. Sin embargo, esta adolescente no recibió tratamiento oportuno, junto a la leucemia se detectó un embarazo de siete semanas, inviable dada su condición de salud. Dado que la administración de quimioterapia requiere previamente de la interrupción del embarazo, los médicos tratantes se negaron a administrar tratamiento aduciendo que la legislación dominicana penaliza el aborto sin excepciones. Gracias a la fuerte presión mediática y a la indignación pública que suscitó este caso, Esperancita recibió quimioterapia veinticuatro días después de su ingreso, cuando su cuerpo ya se encontraba destrozado por la enfermedad y el embarazo. Su madre, a pesar de todos sus esfuerzos sólo pudo contemplar el deterioro progresivo de su única hija a la que no se ofreció la oportunidad que merecía de luchar contra la enfermedad.
La quimioterapia llegó tarde, el cáncer de sangre no es una enfermedad que espera a que los debates morales, religiosos y legales en torno al aborto se resuelvan. Rosaura falleció en la unidad de cuidados intensivos el 17 de agosto de 2012. Causa de la muerte: aborto completo, hemorragia masiva, leucemia aguda.
Este caso tan doloroso es un aviso de aquello que no debemos olvidar y que tan bien ha aclarado la Corte Interamericana (hoy bajo amenaza), “el objeto de protección del derecho a la vida es la mujer y la defensa del no nacido se realiza a través de la protección de la mujer” (caso Artavia Murillo Vs. Costa Rica). Recordando también las palabras de la Corte Constitucional Colombiana (sentencia C355/06), “la penalización del aborto en todas las circunstancias implica el sacrificio absoluto de los derechos fundamentales de la mujer embarazada así como el desconocimiento de su dignidad humana al reducirla a un mero receptáculo de la vida en gestación”.
El triste saldo de esta historia es que una joven de 16 años perdió la vida y una madre perdió a su única hija por razones que podríamos, como sociedad, haber evitado. Su caso ha pasado a ser emblemático y como tal constituye una advertencia del precio que pagamos, de las vidas que sacrificamos cuando decidimos ignorar la dignidad humana de las mujeres. Actualmente el caso se encuentra en manos de los tribunales y confiamos en que estos cumplan con su responsabilidad de hacer justicia y garantizar su no repetición. Pero con independencia de eso y en medio de este debate que parece que nunca termina, es nuestra obligación traerlo a la memoria. Porque no se trata de un caso aislado, es lo que le ocurre a las mujeres y niñas dominicanas día a día en hospitales públicos y clínicas privadas cuando su vida y salud se encuentran en riesgo por motivos de un embarazo. Es también el riesgo potencial que corremos las mujeres que aún no estamos embarazadas, nuestras hijas, hermanas, amigas, primas. Es el sufrimiento de los padres, maridos, hermanos, tíos que las pierden. Es el sufrimiento de familias completas. Y la pérdida de las sociedades en capital humano.
Precisamente por esto, la despenalización del aborto terapéutico es la lucha de toda la ciudadanía, hombres y mujeres, por un país más justo, por un país más humano.
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