El Código Penal a ser aprobado en la Cámara de Diputados(as) debe responder a la Constitución de la República y a los convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. Caso contrario, el Estado se expondría a denuncias y condenas internacionales.
La Carta Magna condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas y compromete al Estado a garantizar mediante leyes las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La norma constitucional reconoce las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, el trato desigual que reciben estas y que se ha traducido en violaciones a derechos humanos en el ámbito público y privado, desde la cotidianidad.
La derogación a la disposición del Código Penal vigente que contempla la violencia contra la mujer como una figura legal, conllevaría a la eliminación de garantías legales para las víctimas, que puedan conducir a efectivas sanciones: La mujer golpeada por su vecino podrá interponer denuncia en base a golpes y heridas, como lo puede hacer quien recibió un golpe o una herida en el colmadón o en la barra, la diferencia está en que la primera por su condición de mujer es vista y percibida por el vecino como un ser inferior a quien la sociedad de manera directa o indirecta le da permiso de controlar. De ahí la importancia de sancionar ese trato denigratorio diferenciado por los roles de género.
Las agravantes de las sanciones a la violencia doméstica o intrafamiliar solo se considerarían si la mujer muere, le queda como consecuencia una lesión permanente o si la incapacidad provocada es superada después de los noventa días. La disposición no deja parámetros para evaluar la violencia sicológica o emocional, por lo que desde la ley se organiza la impunidad.
Elaborto está sancionado en toda circunstancia, eliminando la posibilidad de que sea practicado en caso de violación sexual, incesto, o cuando la vida o la salud de la mujer corre peligro. Una prohibición que nos viene como herencia jurídica colonial de la Francia del siglo XVIII, impide que en el país el Ministerio de Salud pueda diseñar normas y protocolos para situaciones de emergencia que permitan salvar la vida de una mujer embaraza que se vea, por ejemplo, envuelta en un accidente automovilístico. Tal ausencia pone en condiciones de vulnerabilidad a las mujeres al dejar a la libre determinación de profesionales de la medicina la intervención, violando con ello también el derecho a la vida de las mujeres como un derecho humano establecido en la Constitución y convenios internacionales de derechos humanos.
Como ratificador de la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Estado se comprometió a tomar medidas a nivel nacional para respetarla. El Comité que da seguimiento a su implementación ha sugerido al Estado mantener la tipificación de la violencia contra la mujer, no disminuir las penas en los casos de violencia doméstica o intrafamiliar, ofrecer servicios de aborto en el sector salud a las víctimas de violencia sexual o incesto, y en aquellos casos en que la vida o la salud de la mujer están en riesgo. El próximo año el Estado presentará VI y VII informe ante este Comité, el cual revisará el cumplimiento de las sugerencias hechas y la situación actual de los derechos de las mujeres.
De igual modo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el pasado mes de marzo recomendó al Estado revisar la legislación penal y prever excepciones a la penalización por razones terapéuticas o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación sexual o incesto.
Las leyes, como elemento primordial de la formulación de la política, deben enviar un fuerte mensaje de respeto a la igualdad, y repudio a la injusticia, de lo contrario las políticas y programas al respecto se quedarán en intenciones y discursos. Mientras, las mujeres y niñas dominicanas continuarán en sus casas y en espacios públicos a merced de una sociedad permisiva a la violencia machista.
La Cámara de Diputados(as) tiene la responsabilidad de aprobar un Código Penal en apego a la Constitución de la República y los pactos internacionales de de derechos humanos ratificados por el Estado, que garanticen el disfrute de los derechos humanos de las mujeres en un orden social democrático. De no aprobar un documento coherente a estos últimos, será fuertemente cuestionado, corriendo el riesgo de ser sancionado ante eventuales denuncias.
Escrito por Zobeyda Cepeda
MONTEVIDEO, Uruguay.- El presidente uruguayo, José Mujica, ratificó este martes en la reunión del Consejo de Ministros la ley aprobada por el Parlamento de su país el pasado día 17 que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación por la sola decisión de la mujer, siempre que se realice bajo la supervisión del Estado.
Según informaron a Efe fuentes de la Presidencia, el mandatario firmó el documento tal y como se esperaba y convirtió así formalmente en ley la iniciativa, haciendo de Uruguay el primer país suramericano con una despenalización tan amplia del aborto, solo existente hasta ahora en Cuba, Guyana, Puerto Rico y el Distrito Federal de México.
La violencia de género está tan arraigada y naturalizada en nuestra sociedad que puede ocupar la primera plana de periódicos, radio, televisión y redes sociales sin ser percibida ni reconocida por los propios medios de comunicación ni la mayoría de la gente. ¿Por qué a los medios les cuesta abordar las noticias de crímenes machistas desde un enfoque educativo de prevención y sensibilización?
España, Madrid - El doble crimen de El Salobral, Albacete, cometido el sábado pasado por un hombre de 39 años, un mecánico desempleado, que mató a tiros a una niña de 13, con la que supuestamente había tenido una relación no permitida por la familia de la víctima; que también acabó con la vida de otro hombre con el que se cruzó en la línea de fuego e hirió a un tercero, vestido de Rambo -uniforme militar y cara teñida de negro- es un asesinato machista. Le dimos seguimiento a la cobertura de la noticia en cuatro periódicos on line: El País, El Mundo, ABC, La Razón y hasta anoche ninguno lo había considerado un crimen machista.
Es más: en todas las noticias publicadas se resaltó una relación trunca o prohibida entre el agresor y la niña y se destacaron con normalidad los rasgos más peligrosos de un maltratador. se apuntó con morbosidad la humillación a la que fue sometida la víctima por parte del victimario y sus alardes de machismo, publicado en uno de los artículos más leídos del día en El País.
Ayer lunes por la mañana, a la hora que el padre del agresor negociaba con la policía la entrega de su hijo, quien se había atrincherado con sus armas de caza en una finca familiar, el ABC titulaba en su noticia más importante de portada, declaraciones de la madre del asesino: "Esta mujer le volvía loco". En la noticia acusa a la madre de la víctima a quien la considera responsable del asesinato de su hija.
El Mundo no se queda atrás en un titular: "Estaba deprimido por no ver a la cría", también declaraciones de la madre del asesino. El artículo dice: "La historia de este extraño amor nos muestra a un hombre corriente, 'el más normal de los tres hermanos que vivían con los padres', con una familia 'muy querida en el pueblo', aficionado al tiro olímpico y obsesionado con las armas".
La Razón, por su parte titula en su noticia de fondo: "Amor fatal con 26 años de diferencia" y el artículo comienza así: "Casi siempre que una mujer aparece asesinada, el móvil pasional aparece en la investigación policial como una de las más que posibles causas del crimen. Así sucede también en el caso de la muerte de Almudena Márquez, de 13 años. La joven falleció el pasado sábado a manos de Juan Carlos Alfaro Aparicio, de 39 años, en la pedanía albaceteña de El Salobral, en un crimen donde todo apunta a un amor fatal, o mejor dicho, a un desamor fatal".
Culpabilizar a la víctima de su propio feminicidio es parte del imaginario patriarcal que reproducen los medios de comunicación. También forma parte de la propaganda misógina señalar que "ella lo volvió loco" y que la alienación de él era una consecuencia de la negativa de ella o de su familia a continuar con la relación.
En todas las noticias se abordó sin cuestionamientos o mayor profundidad su afición a la caza y su colección de armas: ¿cómo es posible que con esas características psicológicas, ese hombre haya obtenido un permiso para portar armas de fuego?
Y la pregunta de rigor, dirigida a los periódicos citados: ¿Cuándo van a incorporar un manual de estilo para el tratamiento de la violencia de género?
Enumero algunas de las características por las que considero a este caso un crimen machista, asesinato por violencia de género o feminicidio íntimo (asesinato cometido por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, novio, exnovio o amante. Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer -amiga o conocida- que rechazó entablar una relación íntima con este).
1. Cosificación y posesividad: el hombre estaba obsesionado con la niña y la consideraba "una cosa" que le pertenecía. Cosificación y posesión son dos rasgos machistas típicos: el agresor que acaba agrediendo y ultimando a su víctima no ve a una mujer-sujeto, mujer-individuo ni toma en cuenta su libertad de elegir, su autonomía o voluntad. Por otro lado, la posesión y posesividad reflejan su inseguridad y la necesidad de tener bajo control a una mujer.
2. Persecución, insultos y amenazas: el victimario no se resignaba a aceptar la relación y perseguía a la niña y a su familia. Según la cobertura del periódico El País y por declaración de testigos, hasta fue a buscarla a la salida de la escuela y delante de sus compañeros la trató de "puta" y "zorra" y advirtió a la madre de la niña que era francotirador: "Os mataré a todos para quedarme con ella".
3. Manipulación de un pederasta: conoció a la niña cuando ella tenía 11 años. Se comportó como un pederasta, un perverso clásico en el patriarcado que escoge a una infante para desplegar su círculo de dominio y seducción sin que la otra parte pueda ofrecerle mayores resistencias en esa relación asimétrica.
4. La venganza: suele ser un elemento potenciador y disparador del asesinato por violencia de género. ¿De quién se venga? En este caso de la familia de la niña y de la niña misma, responde a un deseo representado públicamente: "Ahora se van a enterar, sino es mía, no será de nadie más". Y lo que es peor, el mensaje dirigido a la familia y a seres queridos de la niña: "Por no dejarme poseerla, se las quitó para siempre porque de todas maneras es mía".
5. Aniquilación femenina y autoaniquilación masculina: "Tengo tanto poder sobre ti, que hasta puedo ejercer el poder último de quitarte la vida". Es un principio de la aniquilación machista ejercida por el agresor. En muchos casos, como en este, la planificación forma parte de esa decisión final y va acompañada del suicidio del victimario: si se acaba el objeto de manipulación, posesividad, persecución, amenazas y agresión, se termina aquello que le daba el poder de dominación. La autoaniquilación masculina forma parte de un círculo que se cierra, la inmolación del terrorista machista ante su último acto de entrega a sí mismo: la propia vida solo puede acabar con violencia.
6. La cacería de la niña: el cazador y el machista feminicida comparten rasgos similares cuando ejercen sobre otros seres la violencia asesina: control, persecución de su presa, en un escenario en el que llevan a cabo ese deseo con excitación y placer.
El Rambo de Albacete obtuvo su trofeo y nos lo ofreció. El terrorismo machista busca siempre manifestarse en un contexto de contemplación colectiva, provoca un estupor aleccionador, intenta justificar su representación como un hecho a la vez irremediable y normalizado, inexorable y trágico.
Este crimen patriarcal es horrendo. Pero doblemente horrendo es que no pueda verse como un crimen machista a través de la mirada de los medios de comunicación.
Así funciona la ceguera social ante la violencia de género.
Graciela Atencio -- Feminicidio.net --23/10/2012
Por favor, apóyanos a decir NO a la aprobación de un Código Penal denigrante y vejatorio para los derechos humanos de las mujeres dominicanas. Un Código que desconoce cada uno de los principios constitucionales consagrados, así como los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de protección de los derechos fundamentales de las mujeres. No más retrocesos! Por eso decimos NO a este inconstitucional proyecto. Apóyanos!
http://www.avaaz.org/es/petition/Dile_No_a_este_Codigo_Penal_inconstitucional
Era de esperar, pero no por eso es menos sonrojante. España ha retrocedido 14 puestos en el índice global de igualdad de género delForo Económico Muncial. Cae del puesto 12 al 26. El batacazo que se debe, sobre todo, al descenso de la representación femenina en los puestos de toma de decisión política. Que haya cuatro ministras de 13 carteras en el Gobierno de Mariano Rajoy, y que las mujeres no superen el 30% de los altos cargos ha terminado por notarse no solo en las fotografías y en las políticas. También en informes internacionales como el Índice Global sobre Desigualdad de Género 2012, que evalúa a 135 países en función de su capacidad para cerrar la brecha de género en cuatro áreas fundamentales: acceso a atención médica, educación, igualdad económica y participación política. El análisis sitúa a Islandia, Finlandia y Noruega, como ya es tradición, en los primeros puestos del ranquin. Chad, Pakistán y Yemen son los últimos.
El andamiaje creado en España con leyes como la de Igualdad (de 2007), que planteaba medidas para que hubiese más corresponsabilidad en las tareas de cuidado —como la ampliación del permiso de paternidad—, y para dotar a las mujeres de mayor poder económico y político —paridad electoral— se está resquebrajando. España siempre ha ocupado posiciones más bien modestas en lo que el Índice llama participación económica y oportunidades, una variable que mide desde la brecha salarial al porcentaje de mujeres en puestos directivos o técnicos en las empresas. Pero ahora, lejos de escalar posiciones —pasó del puesto 78 en 2010 al 74 en 2011 y ahora vuelta al 75—, pierde terreno: la ampliación del permiso de paternidad se ha aplazado sine die, las empresas apenas hacen caso de sus códigos de autorregulación para favorecer la presencia femenina en sus cúpulas —son un 11,5% en los consejos de administración y un 22% de los puestos directivos—, y los hombres siguen ganando más por un trabajo de igual valor (un 22% según el INE).
Y sin medidas para atajar estos problemas y para lograr una distribución más equitativa del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos, la participación laboral femenina difícilmente crecerá. Y la brecha no solo se mantendrá, sino que aumentará. Así lo recuerda el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) que, frente al ejemplo positivo de los países nórdicos en este campo menciona lugares como Japón, Alemania o España, donde la escasez de políticas de apoyo no solo está dificultando que se reduzca la brecha de género, sino que ha provocado una caída del índice de natalidad sin perspectivas de mejora.
Una radiografía bochornosa que el Gobierno prefiere no comentar. Un portavoz de la Secretaría de Estado de Igualdad expone que se está estudiando qué indicadores se han empleado para ese descenso tan brusco. Pero lo medido por el WEF es lo mismo desde hace siete años, cuando se empezó a hacer el informe. Cierto es que el análisis no mide variables importantes, como la de los usos del tiempo o violencia de género —lo que sitúa a lugares como Filipinas o Nicaragua entre los 10 primeros, debido sobre todo a la presencia femenina en los puestos de liderazgo—, pero en cambio cubre a un porcentaje altísimo de la población mundial —un 93%—.
Carmen Quintanilla, diputada del Partido Popular y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, reconoce que aún queda mucho para lograr una representación igualitaria de las mujeres en los puestos de toma de decisión. “Pero no hay que olvidar que España ha hecho un gran esfuerzo. la participación de las mujeres en el parlamento está en un 36%, y hay parlamentos económicos en los que superan el 50%”, dice Quintanilla, que comparte el discurso del Gobierno de Rajoy en contra de las cuotas y la discriminación positiva. Habla, en lugar de eso, de “meritocracia” y “conciliación”. “La clave es hacer lo posible para conseguir una mayor flexibilidad en las formas de trabajo y que las organizaciones funcionen más orientadas hacia los resultados”, dice.
España aprueba en las variables relacionadas con la Sanidad y la Educación (en ambas en el puesto 34). Factores en los que, según el WEF, han mejorado la mayoría de los países. A Laura Nuño, directora de la cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, le preocupa, sin embargo, que en este país no tarden en empeorar. “La crisis y los recortes sociales están perjudicando especialmente a las mujeres. Con las reforma del Gobierno, elementos como la sanidad y la educación van a estar sometidas también a criterios económicos y eso va a provocar que España siga perdiendo puestos en materia de igualdad”, incide.
DESCARGABLE Informe del Fondo Económico Mundial (en inglés)
Fuente: elpais.es
23 octubre 2012
Índice AI: PRE01/508/2012
República Dominicana: El Parlamento debe despenalizar el aborto Los parlamentarios de la República Dominicana deben aprovechar el debate en curso en torno al Código Penal vigente y despenalizar el aborto, ha declarado Amnistía Internacional con motivo de la votación del miércoles.
El artículo 90 del Código Penal establece penas para las mujeres que intenten abortar, así como para quienes realicen abortos o ayuden a realizarlos, con independencia de las circunstancias, incluso si el embarazo es consecuencia de una violación o de incesto, o si la vida de la madre corre peligro si continúa el embarazo.
"La propuesta de Código Penal es contraria a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y mantiene una situación en la que se impide que los profesionales de la salud proporcionen la mejor atención a sus pacientes", declaró Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
"La penalización del aborto en todas las circunstancias, tal como se mantiene en la nueva legislación, viola los derechos de la mujer a la vida, a la salud y a no sufrir torturas, malos tratos ni discriminación, y es contraria a los compromisos internacionales de la República Dominicana en materia de derechos humanos."
Según la Organización Mundial de la Salud, la República Dominicana tiene un elevado índice de mortalidad materna. Algunas de estas muertes son consecuencia de abortos realizados en condiciones de riesgo.
En agosto de 2012, Rosaura, una joven de 16 años que padecía leucemia, murió debido a las complicaciones derivadas de un aborto espontáneo. Le habían diagnosticado la leucemia a principios de julio de ese año, cuando llevaba unas semanas de embarazo. En aquel momento, se le impidió que se sometiera a un aborto terapéutico —como recomendaron varios profesionales de la salud— porque era contrario a la ley.
También se aplazó la quimioterapia, pues a los médicos les preocupaba que dañara al feto.
"Los indicios muestran que cuando se prohíbe totalmente el aborto, los índices de mortalidad materna aumentan porque los médicos temen, o no pueden, proporcionar tratamientos que salvarían vidas que afecten al embarazo, incluso cuando son la única forma de salvar a la paciente", prosiguió Javier Zúñiga.
"Cualquier esfuerzo serio de la República Dominicana para abordar los elevados índices de mortalidad materna deberá incluir medidas para garantizar que no se producen muertes de mujeres debido a abortos en condiciones de riesgo."
"Lo que deberían hacer los parlamentarios de la República Dominicana es escuchar lo que reclama gran parte de la sociedad civil dominicana para que se protejan efectivamente los derechos de las mujeres y las niñas. Esto incluye despenalizar el aborto, proteger a mujeres y niñas de la violencia basada en el género, garantizar el acceso a información para prevenir embarazos no deseados, así como garantizar justicia a quienes sufran abusos."
Esta carta la enviaron desde IPAS en Brasil a los emails de todos los Diputados y a la Embajada Dominicana en Brasil, igual hicieron de CLADEM Puerto Rico.
Rio de Janeiro, 23 de octubre de 2012
Ilustres Diputados y Senadores,
Ipas es una organización internacional no gubernamental dedicada por casi 40 años a promover los derechos reproductivos de las jóvenes y mujeres y tiene oficinas en varios países de la región. Por esa razón queremos sumarnos a las organizaciones de la sociedad civil de la región y las redes de la Republica Dominicana que han manifestado su rechazo al Proyecto del Código Penal Dominicano.
En los países con una prohibición criminal del aborto en cualquiera circunstancia existe una violación sistemática de los derechos fundamentales de las mujeres, lo cual constituye una negación de varios tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. La protección del no nascido como justificativa para la criminalización total del aborto trae un impacto y un peso desproporcional para el ejercicio de los derechos humanos para las mujeres y adolescentes.
Cuando el derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas con respecto al aborto está totalmente restringido, queda amenazada una amplia gama de derechos humanos inherentes a su condición de persona, su dignidad y privacidad. Hay violaciones de sus derechos a la salud, a la no discriminación y libertad de trato inhumano. Los obstáculos a la toma de decisiones autónomas sobre la reproducción interfieren con la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos humanos de forma indivisible y interdependiente.
Los instrumentos internacionales de derechos humanos y las interpretaciones directamente relevantes emitidas al respecto por las entidades autorizadas de las Naciones Unidas, llevan a la conclusión que la mujer tiene el derecho a decidir en asuntos relacionados con el aborto. Desde mediados de los años 90 hasta el comienzo de 2005, estos órganos han emitido al menos 122 observaciones finales referidas a 93 países, abordando de manera sustantiva la relación entre el aborto y los derechos humanos básicos. Estos órganos sostienen que ciertos derechos humanos firmemente establecidos se ven comprometidos por leyes y prácticas en materia de aborto que poseen un carácter punitivo y restrictivo.
Como consecuencia de esta barrera legal, el aborto inseguro se ha convertido en la segunda o tercera causa de la mortalidad materna en muchos países ya que, con independencia de que las leyes sean restrictivas, la necesidad de la mujer a recurrir al aborto no ha desaparecido. Las leyes punitivas solo sirven para que las mujeres acudan al circuito clandestino y, muchas veces, inseguro. El mayor contrasentido respecto a la legislación sobre el aborto en la región es que quienes promueven la prohibición total lo hacen afirmando el derecho a la vida, mientras que la realidad demuestra que a lo que contribuye es a acabar con la vida de miles de mujeres cada año.
Además de que la completa prohibición al aborto en cualquiera circunstancia es una violación a los derechos humanos de las mujeres, en el texto del Código Penal en discusión se identifican importantes retrocesos con respecto a la Ley 24-97 como la eliminación de la sanción a la violencia de género contra las mujeres. El resultado es la restricción de ese tipo de violencia solamente a la que se produce entre miembros de una familia, concepto que desconoce totalmente la realidad de violencia que enfrentan diariamente las mujeres en este país. Las alarmantes cifras de más de 62,374 denuncias de violencia de género e intrafamiliar reportadas en el año 2011 por la PGR, y las 5,657 denuncias por delitos sexuales contra mujeres, dan cuenta de esta realidad, todavía oculta y sub-registrada.
Esperamos que no sea aprobado nuevamente el Proyecto del Código Penal Dominicano aprobado en primera lectura el martes 16 de octubre de 2012 por la Cámara de Diputados y que se proteja la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y niñas en Republica Dominicana.
Respetuosamente,
Beatriz Galli
Beatriz Galli
LAC policy associate
Ipas
(55) (21) 8723-8223
Skype: biagalli326
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Foro Feminista y varias organizaciones de mujeres calificaron como inaceptables, inconstitucionales y desconocedoras de derechos humanos, las disposiciones fundamentales contenidas en el Proyecto de Código Penal Dominicano aprobado en primera lectura.
Los temas que las organizaciones entienden fueron variados del Código actual son: la eliminación de la sanción a la violencia de género contra las mujeres, el hecho de que sólo considera grave la violencia intrafamiliar cuando se cause la muerte de la víctima, la una incapacidad permanente o por más de 90 días, que reduce la pena al incesto, reduce la pena al acoso sexual, encubre una violación sexual a una menor de edad, el femicidio y la penalización de aborto en todas las circunstancias.
Las mujeres calificaron de “retrógada” la criminalización del aborto, al referir que la penalización del aborto en todas las condiciones y etapas de la gestación constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres.
“Demandamos de la Cámara de Diputados la protección de los derechos de las mujeres y de la niñez sancionando su violación en la ley penal, en cumplimiento del deber del Estado de garantizar la protección de los derechos de todas las personas, incluyendo a las mujeres quienes representan la mitad de la población dominicana”, explica una comunicación enviada por el Foro Feminista a los medios de comunicación.
La pieza fue aprobada en primera lectura el martes 16 de octubre por la Cámara de Diputados.
A continuación el documento enviado por el Foro Feminista:
RECHAZAMOS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE CODIGO PENAL DEMANDAMOS RESPETO A DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
El Foro Feminista y las organizaciones de mujeres aquí presentes declaramos como inaceptables, por inconstitucionales y desconocedoras de derechos humanos, disposiciones fundamentales contenidas en el Proyecto de Código Penal Dominicano aprobado en primera lectura el martes 16 de octubre por la Cámara de Diputados.
El texto aprobado contiene artículos que representan retroceso y negación de derechos fundamentales de las mujeres, derechos que ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, como los consignados en la Ley 24-97 que introdujo modificaciones al Código Penal vigente. Ningún Estado que se precie de Democrático de Derecho, comprometido con la progresividad de los derechos humanos, puede permitirse echar para atrás en el reconocimiento y protección de esos derechos.
Eliminación de la sanción a la violencia de género contra las mujeres
En el texto de Código Penal en discusión se identifican importantes retrocesos respecto a la Ley 24-97 como la eliminación de la sanción a la violencia de género contra las mujeres. El resultado de esa mutilación es la restricción de ese tipo de violencia a la que se produce entre miembros de una familia, concepto que desconoce totalmente la realidad de violencia que enfrentan diariamente las mujeres en este país. Las alarmantes cifras de más de 62,374 denuncias de violencia de género e intrafamiliar reportadas en el año 2011 por la PGR, y las 5,657 denuncias por delitos sexuales contra mujeres, dan cuenta de esta realidad, todavía oculta y sub-registrada.
Sólo considera grave la violencia intrafamiliar cuando se cause la muerte de la víctima, una incapacidad permanente o por más de 90 días.
Constituye igualmente retrocesos con relación a la 24-97 la disposición que condiciona a “daños corporales de consideración” las circunstancias agravantes de la violencia doméstica o intrafamiliar. Sólo se considera agravante cuando causa la muerte a la víctima, una incapacidad permanente o por más de 90 días. En contraste, en la 24-97 las agravantes dependen de las circunstancias en que se comete el hecho, es decir, en presencia de niños/as, portando armas, coartando la libertad de la mujer, entre otras condiciones referidas a los hechos cometidos por el agresor y no a los daños ocasionados y verificables sólo en el cuerpo de la víctima.
Reduce la pena al incesto
El incesto en el texto de nuevo Código no establece la máxima pena para esta infracción, desconociendo con ello los graves daños y secuelas que deja en la vida de un niño o niña este tipo de abuso sexual, al tiempo que excluye de la tipificación del incesto la filiación adoptiva como posible vínculo entre la víctima y el autor/a del hecho.
Reduce la pena al acoso sexual
El acoso sexual se sanciona en este proyecto de Código Penal con un día a un año de prisión menor, y contrario a lo que sería necesario frente a las características y dimensión del problema en la sociedad dominicana, siguen las limitaciones para las mujeres con relación a la falta de compensación frente a la pérdida de trabajo y otras repercusiones del acoso sexual.
Encubre una violación sexual a una menor de edad
Dentro de las infracciones de la sección “puesta en peligro de los menores de edad”, se ubica el atentado sexual contra una persona menor de edad quien ha sido sustraída de la casa parental, castigándose ese hecho con una pena de dos a tres años de prisión menor. Esa sanción es diez veces más baja que la establecida para la violación de un/a menor de edad y la misma que se estipula para quien comete un robo simple.
El Femicidio y la penalización de aborto en todas las circunstancias:
Aunque incorpora la figura del femicidio, el nuevo proyecto de Código Penal lo restringe a la relación de pareja, con lo cual excluye todos los asesinatos de mujeres que se producen por su condición de mujer fuera de ese vínculo. Datos de la PGR informan 1,382 casos de femicidios desde el año 2005 a noviembre del 2011. De este total, 660 fueron asesinatos de mujeres cometidos por hombres con quien la víctima no tuvo o tenía una relación de pareja.
Para culminar con el desapego del referido proyecto a las demandas de las organizaciones de mujeres, se mantiene la retrógrada criminalización del aborto, desatendiendo reclamos sostenidos y fundamentados de las mujeres por la eliminación de esas penas, en reconocimiento de una realidad de miles de dominicanas de escasos recursos que cada año arriesgan su salud y sus vidas con abortos clandestinos e inseguros. La penalización del aborto en todas las condiciones y etapas de la gestación constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres: su derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la dignidad, a la libertad de conciencia y de cultos, derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.
Todas estas omisiones, vacíos y distorsiones implican una violación a los convenios internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado dominicano, así como a la misma Constitución de la República que en su Artículo 42 inciso 2) establece lo siguiente: “Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”. Este mandato constitucional está siendo claramente transgredido por el proyecto de Código Penal.
Frente a todo lo anterior, demandamos de la Cámara de Diputados la protección de los derechos de las mujeres y de la niñez sancionando su violación en la ley penal, en cumplimiento del deber del Estado de garantizar la protección de los derechos de todas las personas, incluyendo a las mujeres quienes representan la mitad de la población dominicana.
FUENTE: ACENTO.COM
En 2002, un grupo de investigadores de la Universidad de Bath (Reino Unido) encontraron ciertas diferencias de género en el uso de Internet. Desde entonces la Red ha cambiado considerablemente, por lo que este año, los científicos han realizado un segundo estudio de seguimiento.
En él participaron 501 estudiantes de psicología de primer año (389 mujeres y 100 hombres, así como 12 participantes sin género especificado), con cuyas respuestas los científicos midieron el uso de Internet de manera cualitativa y cuantitativa. El resultado es que los varones le dan una mayor variedad de usos a Internet, y que lo utilizan para juegos y entretenimiento más que las mujeres.La diferenciación entre hombres y mujeres es evidente y en algunos aspectos es aún más clara que diez años atrás, señala el estudio. En la investigación anterior no se habían encontrado diferencias de género en el uso de Internet para comunicación, mientras que en el presente estudio se ha visto que las mujeres lo utilizan más con ese fin, y que visitan más las redes sociales que los hombres. En 2002 los investigadores detectaron que los hombres se conectaban más a Internet que las mujeres, y que descargaban más material (películas, música) que ellas. Desde entonces han surgido Facebook y Twitter y se han desarrollado los “teléfonos inteligentes”.
Esos cambios llevaron a algunos observadores a predecir que las diferencias por género desaparecerían y llegarían a la “feminización” de internet. Otros analistas han sostenido que las diferencias en Internet simplemente reflejan las que hay en la sociedad en general, y que por tanto se mantendrían.
Además de la diferencia de género, en 2002 se analizaron dos factores que, se creía, podían predecir el uso de Internet: la “ansiedad de Internet” y la “identificación de Internet”. Este último se define como la “importancia de la capacidad de un individuo para utilizar internet para su autoconcepto”.
La ansiedad de Internet se puede definir como un “temor anticipado e irracional evocado por pensar utilizar en Internet (o directamente por lo mismo), cuyo efecto es evitar o minimizar el uso de Internet. En 2012 se han vuelto a analizar estos rasgos de comportamiento.
Resultados de la investigación
Los estudiantes empezaron a utilizar Internet, de media, a los 11 años de edad, y en la actualidad pasan aproximadamente 3,4 horas al día conectados a Internet, sin diferencias de género. Se examinó el número y porcentaje de hombres y mujeres que tenían un ordenador, una tableta, un teléfono inteligente, un e-book, una dirección de correo personal, un perfil en una red social y una cuenta de “microblogging” y tampoco se encontraron diferencias de género en ninguno de estos elementos.
Dónde sí aparecen diferencias es en el tipo de contenidos que se visitan.
Los varones utilizan Internet para más cosas que las mujeres. Por ejemplo, para juegos online, apuestas, descargar música y vídeos, y escuchar música. También para visitar webs con “contenido para adultos” y para conseguir información sobre productos. Las mujeres, por el contrario, lo utilizan más para comunicarse con otras personas: correo electrónico, teléfono, redes sociales. La excepción son los grupos de noticias, que los utilizan más los hombres.
Las mujeres utilizan internet para reservar viajes algo más que los hombres, mientras no hay diferencias en temas de salud o de asuntos referidos a bancos.
El otro objetivo del estudio fue examinar la relación de la identificación de Internet y la ansiedad de Internet con el uso de Internet. El resultado es que, a mayor identificación, mayor variedad de la utilización de la Red, y más número de horas. La relación entre la ansiedad y la utilización era menos significativa.
Se exarcerban las diferencias
El estudio concluye que la diferenciación entre hombres y mujeres es más clara en el estudio actual de lo que era hace diez años, porque entonces no se encontraron diferencias de género en la utilización de Internet para la comunicación.
Los resultados indican que en lugar de trascender o superar las diferencias de género de la sociedad en general, la utilización de Internet por parte de hombres y mujeres parece reflejar, y en algunos casos incluso exacerbar, esas tendencias más amplias.
Fuente - Autor/a: tendencias21-Por Carlos Gómez Abajo
Alcaldesas, concejalas y líderes comunitarias dominicanas se adelantan en un proceso de alfabetización digital al insertarse en la llamada E Dominicana: Estrategia Nacional para la Sociedad de la Información, que las coloca en posibilidad de servirse de las tecnologías e involucrar a sus poblaciones en la sociedad del conocimiento.
Este proyecto, que se ejecuta hace más de un año con el auspicio de ONU Mujeres y el trabajo directo del Centro de Investigaciones para la Acción Femenina (CIPAF) y de la Unión Nacional de Mujeres Municipalistas Dominicanas (UNMUNDO), efectuó el 8 de agosto una reunión de consulta para precisar procedimientos y acciones inmediatas para involucrar a mayor número de congéneres.El grupo lo componen mujeres conscientes de que se necesita audacia, preparación y decisión para revertir tanto la ignorancia y el temor al mundo digital, como las brechas que limitan los conocimientos y el acceso, puesto que las mujeres disponen por lo general de menos recursos. “Basta con observar que no estudiamos carreras de futuro”, dijo a SEMlac la ingeniera Amparo Arango.
La directora de CIPAF, Magaly Pineda, indicó que las jóvenes estudian mercadeo, derecho y, tal vez, medicina, pero lo que necesita el mercado laboral son tecnólogas.
“Dentro de 20 años habrá empleo para 100 millones de personas preparadas para esos desarrollos; y ya en el presente las nuevas empresas no buscan empleados o empleadas, buscan ingenieros, personas graduadas en mecatrónica, sistemas o software, tecnólogos y tecnólogas para la Sociedad del Conocimiento”, afirmó.
Durante la consulta, Pineda pasó revista a la historia de las mujeres convertidas en botín de guerra en la antigüedad, incineradas por brujas en el Medioevo, condenadas al cinturón de castidad o torturadas con saña e instrumentos creados para ello en las etapas en que el patriarcado convirtió la realidad en un espacio puramente masculino.
En tanto, Arango presentó su estudio Brecha Digital de Género, que mostró las diferencias que nos hicieron quedarnos atrás, y cómo este Proyecto de Igualdad de Oportunidades en la Sociedad de la Información coloca a las mujeres del presente en condiciones de rebasar el pasado de exclusiones y remontar vuelo.
Una historia para ser contada
El Centro de Investigaciones para la Acción Femenina (CIPAF) se creó hace 32 años y fue, desde el principio, un espacio controversial, desafiante de los cánones establecidos. De allí que por esa ONG hayan pasado, de hecho, todas las mujeres prominentes de República Dominicana, la inmensa mayoría de las cuales lo reconoce.
Desde su surgimiento, CIPAF descolló por sus iniciativas, estudios valiosos (los primeros en el país que fijaron la vista en la situación de las mujeres); la edición de Quehaceres, una revista que desde la década del setenta del siglo pasado; enseñó a feministas de muchas partes del continente, incluida Cuba, el uso de recursos como el fax y, más adelante, del correo electrónico, y por su apoyo para el surgimiento de la Escuela Nueva, un plantel que durante varios años educó en la igualdad.
Pineda, su directora de siempre, fue capaz entonces de abrir caminos inexplorados y lo es ahora para hacer lo mismo en el mundo de las tecnologías. Ella explicó a SEMlac que “no es nada nuevo: son los desafíos que nos va dando la vida. Yo siempre tengo una visión de progreso, siempre me han interesado las cosas que hacen eficiente y eficaz el trabajo”.
Agregó que CIPAF fue la primera ONG con fax, computadora y una de las primeras en usar el correo electrónico. “Hicimos el procesamiento de una encuesta y fuimos la primera ONG que lo hizo con tecnología”, precisó.
Sin ser ingeniera, pero sí una política, Pineda comprendió el potencial en términos de progreso. “Entendí que estábamos en una revolución tecnológica que a las mujeres nos daba muchas posibilidades y rompía lo que en otras revoluciones fueron limitantes para nosotras. No tiene nada que ver con la fuerza física ni con el sexo. Entonces entendí que teníamos mucho que hacer y aportar en una revolución que puede ser enorme”, comentó.
Miradas convergentes
Las mujeres que llenaron el salón de la Consulta vestían con sencillez, pero con elegancia. Los tan de moda zapatos con “tacos” altísimos calzaban a la mayoría. No era casual: se trataba de las alcaldesas, regidoras (concejalas) y vicealcaldesas de provincias y municipios importantes. Pertenecen, por demás, a los partidos en el poder o en la oposición, que marcan la vida del país.
También asistieron dirigentes comunitarias de barrios y zonas distantes del país, como Felicita Campuzano, presidenta de un consejo de vecinos de Los Alcarrizos, barriada ultra populosa al oeste de Santo Domingo. Ella tiene sus consideraciones sobre los lados débiles del proyecto.
“Para que esta idea avance no es suficiente que nos empoderemos las comunitarias. Hay que hacer que otras personas aporten a la iniciativa. Nosotros tenemos cinco regidores (concejales) en Los Alcarrizos y no toman iniciativas, no hacen propuestas”, dijo a SEMlac.
Campuzano lamenta que a veces primen celos y conveniencias. “Hasta que no seamos conscientes de que es necesario avanzar todos, muchas cosas no prosperarán. Las mujeres de Los Alcarrizos, en realidad, necesitamos que las autoridades locales y la sociedad civil se empoderen y puedan implementar medidas, estrategias y programas para mejorar la situación”, señaló.
Amaya Pérez, representante de ONU Mujeres, lamenta que a veces haya quienes esperan cooperación sin poner bastante de su parte. “Nos parece más importante la parte política, no solo la cuestión educativa. Porque se trata de introducir las cuestiones de género en el programa dominicano de implementación de tecnologías. Esto es muy innovador y lo hace muy sostenible y reciclable”, subrayó la funcionaria.
Que se incluya la perspectiva de género en la E Dominicana “es la semilla para una política pública. Y cuando esto se hace de este modo significa que un proyecto ha tenido éxito”, añadió.
Para Amantina Gómez, médica alcaldesa de Navarrete, en el norte del país, y presidenta de UNMUNDO, hay que “reforzar la conciencia de las mujeres, animarlas a que luchen por posiciones” y “recordarle al gobierno central que en los municipios está el futuro del país”.
Fuente - Autor/a: Por Mirta Rodríguez Calderón
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