Las acciones del Estado en torno a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y las niñas deben mostrar coherencia lógica entre las políticas y programas hasta ahora desarrollados y la propuesta de Nuevo Código Penal que reposa en la Cámara de Diputados y Diputadas.

La aprobación de la Ley 24-97, como componente jurídico de la política pública hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, sentó las bases para el abordaje desde el sistema público. A partir de ésta, se dispuso el diseño de normas y modelos de atención, se crearon infraestructuras específicas, sobre todo en el ámbito judicial y del Ministerio Público. Además, especialización y capacitación de recursos humanos, a la par de un discurso de preocupación unido a la realización de campañas de difusión y prevención, entre otras intervenciones, que a pesar de las críticas que reciben, entre ellas la falta de recursos y la repercusión de sistema político partidista, la diferencia con lo que existía antes de la aprobación de la ley es abismal.

Los actos conmemorativos del Día Internacional contra la Violencia hacía las mujeres, una vez más como cada año, nos presentan marchas organizadas por personas prestadoras de servicios del sector oficial, declaraciones en medios de comunicación en las cuales se informa sobre la actualización del número de denuncias y feminicidios, o su posible participación en otros eventos en torno a los quince días de activismo. Ante la coyuntura actual, cabe la pregunta ¿Cómo vincularles con la propuesta de Código Penal que está siendo conocida en la Cámara de Diputados y Diputadas?

Pese a los diferentes actores que interactúan en el sistema, hasta ahora el Ministerio de la Mujer ha estado dentro de los pocos que se han dejado escuchar para advertir los retrocesos de ser aprobado el Código Penal según el informe de la comisión.

Nos preguntamos cuántos jueces o juezas, Fiscales a nivel nacional o Coordinadoras de Unidades de Atención a la Violencia contra la Mujer, de catorce que existen en todo el país, han sido consultadas. ¿Han consultado el personal multidisciplinario que integra estas unidades? ¿Cuál ha sido el acercamiento con la Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer, de la Procuraduría General de la República? En el país existen excelentes personas profesionales, hombres y mujeres, con muchos años de trabajo y conocimiento de cómo afecta el fenómeno en la realidad dominicana ¿Han sido escuchadas estas voces?

La poca coherencia no solo se muestra como agentes estatales, también como integrantes del mismo partido en funciones encargado de la administración del Estado, el cual además ocupa la mayoría congresual. Lo que pudiera ser un plus que propicie las condiciones para el diálogo.

De ser aprobado el Código según el informe nos dejarán como herencia partidista la autoría intelectual y responsabilidad solidaria del mayor retroceso legislativo contra las mujeres hecho en el país.

Más allá del ambiente político ante las consecuencias del “paquetazo fiscal” y el entramado para disimular la atención de las discusiones, las mujeres merecen garantías legales para disfrutar de una vida libre de violencias.

La modificación del componente legal de la política pública debe ser el resultado de una evaluación y análisis de su impacto en el sistema y en la vida de las víctimas, en consulta con actores(as) que intervienen desde diferentes disciplinas para la superación del fenómeno.  Por el contrario, no una carta sacada de la manga con ánimo sorpresivo y unilateral.

Reforzar la penalización del aborto a modo de castigar lo que se entiende como una tragedia, solo sirve para tapar las tragedias mayores que su prohibición ha creado. La prisión por practicar el aborto ha sido ley en República Dominicana por décadas, sin embargo esto no ha impedido que este se venga realizando a razón de lo que muchos estiman en docenas de miles cada año. La torpeza cometida en el conocimiento de lo que hoy tristemente es nuestra Constitución es ciertamente un obstáculo relevante para su despenalización, pero no me parece que este sea irremontable.

En nombre de la supuesta moral el mundo se ha llenado de injusticias. El empeño de algunos en imponer su percepción de “moralidad” a otros que simplemente no la comparten, solo ha sido útil para crear figuras como la prohibición total del aborto, algo que en la República Dominicana no ha servido para detener la práctica del mismo, sino que solo le ha forzado a la clandestinidad poniendo en peligro la vida de miles de mujeres y las carreras de docenas de doctores.

Esperar que reforzando las penas contra esta práctica el resultado sea distinto, simplemente no es realista. En el mejor de los casos, los doctores cobraran más caro por hacerlo y esto quizás lleve a que algunas mujeres decidan tener sus hijos, sin embargo, en el peor y más probable de los casos, estas opten por medios más peligrosos de practicarlo. En uno u otro caso el costo social será notoriamente mayor que los beneficios.

Cuando se trata de evaluar el tema del aborto, hacerlo únicamente desde la pespectiva del tema mujer/feto es un error. La República Dominicana cuenta con la cuestionable distinción de tener una de las mayores tasas de embarazos de adolescentes, violencia contra la mujer, delincuencia y pobreza. No obstante eso, el país se da el lujo pendejo de no tener educación sexual efectiva en las escuelas y adicionalmente prohibir el aborto. El Estado dominicano efectivamente no lava ni presta la batea.

La pobre educación sexual y el limitado acceso a anticonceptivos para las adolescentes son factores importantes que inciden en el embarazo a esa edad. Con la via del aborto legalmente cerrada, hay dos alternativas para una adolescente: el aborto clandestino o tener el bebé.

Tener el bebé la arroja directamente dentro del grupo de mujeres más expuestas a la violencia de género, las madres jóvenes. La dependencia económica suele ser considerada una de las razones más importantes en la falta de denuncias contra parejas violentas, en el caso de las madres jóvenes esa dependencia surge por una educación accidentada o directamente terminada a razón del embarazo. Los bebés nacidos fuera de un plan y en medio de la adolescencia de la madre, se ven por lo general expuestos a un ambiente violento en el hogar y en un entorno social inadecuado para su desarrollo, criándose en muchos casos para ser unos delincuentes.

Podemos taparnos los ojos con banderas moralistas todo lo que queramos, pero lo que hoy cosechamos es producto de lo que por décadas venimos sembrando y que si no cambia solo seguirá pasando. No espero que de golpe y porrazo se acepte el aborto generalizado, eso tampoco sería realista, pero si espero que algún día en este país se entienda que más que un derecho de la madre el aborto es una necesidad social en un Estado, que como ningun otro en el mundo, puede proveer techo para todos los niños que nazcan de embarazados no deseados, asistencia directa para las madres, protección efectiva frente a la violencia de género, reducir a corto plazo los niveles de pobreza, hacer frente de forma adecuada al vertiginoso crecimiento de la delincuencia y que demanda cada día más de más gente educada y productiva pero que les ve desperdiciadas en las tragedias que su propia prohibición al aborto ha creado.

Escrito por: Orlando Gómez Torres ( Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. )