El caso tiene características que no pueden ser dejadas pasar inadvertidas. De acuerdo a los datos suministrados por la prensa, Vicky Thalía Irrizari Méndezexperimentó la conducta violenta del agresor por lo que decidióponer fin a una relación de tan solo cuatro meses. La comunidad le dio apoyo cuando él se presentó la noche del 24 de diciembre a cometer actos de violencia, en respuesta a este rechazo amenazó con volver para matarla. Precisamente esta amenaza fue lo que la impulsó a presentar denuncia ante la Fiscalía.
Cabe la comparación con los mensajes de las campañas de prevención. ¿Acaso no se les indica a las mujeres no quedarse calladas, hablar sobre la situación de violencia que viven, buscar ayuda con familiares o amigos(as) y denunciar el maltrato?
Así lo hizo Vicky Thalía Irrizari Méndez, pero el cúmulo de casos que recibe la Unidad de Atención a la Violencia contra las Mujeres e la Provincia Santo Domingo, con un promedio de novecientos al mes, unido a insuficiente número de Fiscales para atenderlos e investigarlos, impidió que la intervención fuera rápida y oportuna. Esta deficiencia condujo a su muerte, junto a la de Yeimi Rosanny Luciano Méndez (Rossy), Sahara Méndez Castillo y la niña de dos años Mía Camila Féliz Luciano.
Se requieren mucho más elementos para analizar el caso, como la aplicación de protocolos, medios en la Fiscalía para investigar las denuncias anteriores contra el feminicida, evaluación de riesgos a la mujer y su familia para ofrecer alternativas de protección, así como otras debidas diligencias que pudieron ser hechas para evitar la tragedia.
Aunque la prensa dentro de pocos días deje de hacerse eco de lo sucedido y de presionar a las autoridades, la Procuraduría General de la República está llamada hacer una investigación o informe para identificar los fallos y tomar medidas que se correspondan con todo el sistema a nivel nacional, pues, recordando la ocurrida en la ciudad de Santiago, en la cual resultó muerta Miguelina Altagracia Martínez, en menos de tres meses las faltas por debida diligencia han provocado tragedias similares.
La matanza debe de llamar también la atención al Congreso Nacional, cuya Cámara de Diputados(as), en el marco de aprobación del Nuevo Código Penal, ha reconocido solamente el feminicidio íntimo, obviado reconocer, tipificar y sancionar el feminicidio conexo, aquél queconlleva la muerte de otras mujeres en el contexto o escenario de un feminicidio Intimo.
A pesar de los avances en los últimos años para dar respuestas al fenómeno de la violencia contra las mujeres y los feminicidios, los nudos el sistema siguen privando a las mujeres y las niñas del disfrute de una vida libre de violencias.
Las acciones del Estado en torno a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y las niñas deben mostrar coherencia lógica entre las políticas y programas hasta ahora desarrollados y la propuesta de Nuevo Código Penal que reposa en la Cámara de Diputados y Diputadas.
La aprobación de la Ley 24-97, como componente jurídico de la política pública hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, sentó las bases para el abordaje desde el sistema público. A partir de ésta, se dispuso el diseño de normas y modelos de atención, se crearon infraestructuras específicas, sobre todo en el ámbito judicial y del Ministerio Público. Además, especialización y capacitación de recursos humanos, a la par de un discurso de preocupación unido a la realización de campañas de difusión y prevención, entre otras intervenciones, que a pesar de las críticas que reciben, entre ellas la falta de recursos y la repercusión de sistema político partidista, la diferencia con lo que existía antes de la aprobación de la ley es abismal.
Los actos conmemorativos del Día Internacional contra la Violencia hacía las mujeres, una vez más como cada año, nos presentan marchas organizadas por personas prestadoras de servicios del sector oficial, declaraciones en medios de comunicación en las cuales se informa sobre la actualización del número de denuncias y feminicidios, o su posible participación en otros eventos en torno a los quince días de activismo. Ante la coyuntura actual, cabe la pregunta ¿Cómo vincularles con la propuesta de Código Penal que está siendo conocida en la Cámara de Diputados y Diputadas?
Pese a los diferentes actores que interactúan en el sistema, hasta ahora el Ministerio de la Mujer ha estado dentro de los pocos que se han dejado escuchar para advertir los retrocesos de ser aprobado el Código Penal según el informe de la comisión.
Nos preguntamos cuántos jueces o juezas, Fiscales a nivel nacional o Coordinadoras de Unidades de Atención a la Violencia contra la Mujer, de catorce que existen en todo el país, han sido consultadas. ¿Han consultado el personal multidisciplinario que integra estas unidades? ¿Cuál ha sido el acercamiento con la Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer, de la Procuraduría General de la República? En el país existen excelentes personas profesionales, hombres y mujeres, con muchos años de trabajo y conocimiento de cómo afecta el fenómeno en la realidad dominicana ¿Han sido escuchadas estas voces?
La poca coherencia no solo se muestra como agentes estatales, también como integrantes del mismo partido en funciones encargado de la administración del Estado, el cual además ocupa la mayoría congresual. Lo que pudiera ser un plus que propicie las condiciones para el diálogo.
De ser aprobado el Código según el informe nos dejarán como herencia partidista la autoría intelectual y responsabilidad solidaria del mayor retroceso legislativo contra las mujeres hecho en el país.
Más allá del ambiente político ante las consecuencias del “paquetazo fiscal” y el entramado para disimular la atención de las discusiones, las mujeres merecen garantías legales para disfrutar de una vida libre de violencias.
La modificación del componente legal de la política pública debe ser el resultado de una evaluación y análisis de su impacto en el sistema y en la vida de las víctimas, en consulta con actores(as) que intervienen desde diferentes disciplinas para la superación del fenómeno. Por el contrario, no una carta sacada de la manga con ánimo sorpresivo y unilateral.
En 1999 la Comisión Redactora, compuesta por cinco hombres y una mujer, abogados y abogada que no tenían trayectoria de trabajo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, terminó y presentó el anteproyecto de Código Penal dominicano, que había estado trabajando por decreto presidencial.
Desde entonces, la Coalición de ONG por un Código Penal Moderno y Consensuado, compuesta por feministas y mujeres organizadas e independientes, iniciaron un periplo que se extiende hasta la fecha, hoy con el nombre de Foro Feminista y cuenta con las mismas abogadas técnicas de entonces, ahora más especializadas y otras jóvenes expertas incorporadas en el proceso.
En 2003, el proyecto fue aprobado por el Senado. La Coalición de ONG por un Código Penal Moderno y Consensuado y la entonces Secretaría de la Mujer, presentaron previamente sendos documentos de propuestas muy similares, enfocadas a introducir la perspectiva de género desde los derechos humanos de las mujeres, pero no fueron escuchadas.
El documento aprobado por el Senado en aquel momento, provocó reacciones de diferentes sectores de la sociedad civil y del sector estatal. CONANI, entidad máxima del Sistema Nacional de Protección a las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia y la Coalición de ONG por la Infancia señalaron el irrespeto a los derechos humanos de los Niñas, Niñas y Adolescentes y otras reacciones fueron la de la Asociación de Ginecología y Obstetricia, Colegio Médico Dominicano y Asociación de Dueños de Clínicas quienes se oponían a las severas sanciones impuestas a los médicos y personal de salud por prácticas de abortos. Junto a las mujeres de la Coalición, solicitaron al entonces presidente de la República observar la pieza para que fuera devuelta a la Cámara de Diputados y Diputadas a fines de revisión.
El presidente entonces, doctor Leonel Fernández, observó el anteproyecto advirtiendo sobre la desnaturalización y/o abandono de las previsiones establecidas en la ley 24-97 y apelaba a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Dominicano.
A través de estos años, la pieza ha estado en discusión en diferentes comisiones hasta hace tres semanas que fue dado a conocer el último informe que contiene prácticamente los mismos retrocesos para las mujeres que el anteproyecto de 2003. El Foro Feminista, solicitó una reunión el día 30 de octubre al presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados/as, porque entendió que los debates estaban abiertos y nadie respondió para refutarlo.
Entonces, decir que “las feministas no entienden la reforma” no parece que sea lo correcto, tanto la entienden que, de manera propositiva, llevan acompañándola ¡desde sus inicios!
Escrito por: Susi Pola (
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)
http://www.elnacional.com.do
Reforzar la penalización del aborto a modo de castigar lo que se entiende como una tragedia, solo sirve para tapar las tragedias mayores que su prohibición ha creado. La prisión por practicar el aborto ha sido ley en República Dominicana por décadas, sin embargo esto no ha impedido que este se venga realizando a razón de lo que muchos estiman en docenas de miles cada año. La torpeza cometida en el conocimiento de lo que hoy tristemente es nuestra Constitución es ciertamente un obstáculo relevante para su despenalización, pero no me parece que este sea irremontable.
En nombre de la supuesta moral el mundo se ha llenado de injusticias. El empeño de algunos en imponer su percepción de “moralidad” a otros que simplemente no la comparten, solo ha sido útil para crear figuras como la prohibición total del aborto, algo que en la República Dominicana no ha servido para detener la práctica del mismo, sino que solo le ha forzado a la clandestinidad poniendo en peligro la vida de miles de mujeres y las carreras de docenas de doctores.
Esperar que reforzando las penas contra esta práctica el resultado sea distinto, simplemente no es realista. En el mejor de los casos, los doctores cobraran más caro por hacerlo y esto quizás lleve a que algunas mujeres decidan tener sus hijos, sin embargo, en el peor y más probable de los casos, estas opten por medios más peligrosos de practicarlo. En uno u otro caso el costo social será notoriamente mayor que los beneficios.
Cuando se trata de evaluar el tema del aborto, hacerlo únicamente desde la pespectiva del tema mujer/feto es un error. La República Dominicana cuenta con la cuestionable distinción de tener una de las mayores tasas de embarazos de adolescentes, violencia contra la mujer, delincuencia y pobreza. No obstante eso, el país se da el lujo pendejo de no tener educación sexual efectiva en las escuelas y adicionalmente prohibir el aborto. El Estado dominicano efectivamente no lava ni presta la batea.
La pobre educación sexual y el limitado acceso a anticonceptivos para las adolescentes son factores importantes que inciden en el embarazo a esa edad. Con la via del aborto legalmente cerrada, hay dos alternativas para una adolescente: el aborto clandestino o tener el bebé.
Tener el bebé la arroja directamente dentro del grupo de mujeres más expuestas a la violencia de género, las madres jóvenes. La dependencia económica suele ser considerada una de las razones más importantes en la falta de denuncias contra parejas violentas, en el caso de las madres jóvenes esa dependencia surge por una educación accidentada o directamente terminada a razón del embarazo. Los bebés nacidos fuera de un plan y en medio de la adolescencia de la madre, se ven por lo general expuestos a un ambiente violento en el hogar y en un entorno social inadecuado para su desarrollo, criándose en muchos casos para ser unos delincuentes.
Podemos taparnos los ojos con banderas moralistas todo lo que queramos, pero lo que hoy cosechamos es producto de lo que por décadas venimos sembrando y que si no cambia solo seguirá pasando. No espero que de golpe y porrazo se acepte el aborto generalizado, eso tampoco sería realista, pero si espero que algún día en este país se entienda que más que un derecho de la madre el aborto es una necesidad social en un Estado, que como ningun otro en el mundo, puede proveer techo para todos los niños que nazcan de embarazados no deseados, asistencia directa para las madres, protección efectiva frente a la violencia de género, reducir a corto plazo los niveles de pobreza, hacer frente de forma adecuada al vertiginoso crecimiento de la delincuencia y que demanda cada día más de más gente educada y productiva pero que les ve desperdiciadas en las tragedias que su propia prohibición al aborto ha creado.
Escrito por: Orlando Gómez Torres ( Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. )
El presidente uruguayo ratifica la ley que despenaliza el aborto
Written by Sylet
MONTEVIDEO, Uruguay.- El presidente uruguayo, José Mujica, ratificó este martes en la reunión del Consejo de Ministros la ley aprobada por el Parlamento de su país el pasado día 17 que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación por la sola decisión de la mujer, siempre que se realice bajo la supervisión del Estado.
Según informaron a Efe fuentes de la Presidencia, el mandatario firmó el documento tal y como se esperaba y convirtió así formalmente en ley la iniciativa, haciendo de Uruguay el primer país suramericano con una despenalización tan amplia del aborto, solo existente hasta ahora en Cuba, Guyana, Puerto Rico y el Distrito Federal de México.
Mujica ya había señalado en numerosas ocasiones que no iba a vetar la norma, tal y como hizo su antecesor en el cargo Tabaré Vázquez con una iniciativa similar en 2008, por lo que la promulgación de la ley se daba por hecho pese a los esfuerzos de asociaciones antiabortistas, que le pidieron al mandatario en los últimos días que no le diera el visto bueno.
La nueva ley uruguaya no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
Estas medidas incluyen pasar por una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que asesorarán a las mujeres sobre sus posibilidades y cumplir con un plazo de cinco días de reflexión antes de someterse a la intervención.
Una vez cumplido el trámite, las mujeres podrán abortar si lo desean en cualquier centro público o privado de salud del país, quienes estarán obligados a realizar la intervención o a garantizar que ésta se haga por terceros en casos de objeción de conciencia.
Los abortos que se realicen fuera de este procedimiento seguirán siendo ilegales y por tanto penalizados.
Para que ahora pueda ponerse en marcha la ley, el Parlamento y las autoridades del Ministerio de Salud Pública deberán trabajar en un reglamento, que se espera esté listo aproximadamente en el plazo de un mes.
La violencia de género está tan arraigada y naturalizada en nuestra sociedad que puede ocupar la primera plana de periódicos, radio, televisión y redes sociales sin ser percibida ni reconocida por los propios medios de comunicación ni la mayoría de la gente. ¿Por qué a los medios les cuesta abordar las noticias de crímenes machistas desde un enfoque educativo de prevención y sensibilización?
España, Madrid - El doble crimen de El Salobral, Albacete, cometido el sábado pasado por un hombre de 39 años, un mecánico desempleado, que mató a tiros a una niña de 13, con la que supuestamente había tenido una relación no permitida por la familia de la víctima; que también acabó con la vida de otro hombre con el que se cruzó en la línea de fuego e hirió a un tercero, vestido de Rambo -uniforme militar y cara teñida de negro- es un asesinato machista. Le dimos seguimiento a la cobertura de la noticia en cuatro periódicos on line: El País, El Mundo, ABC, La Razón y hasta anoche ninguno lo había considerado un crimen machista.
Es más: en todas las noticias publicadas se resaltó una relación trunca o prohibida entre el agresor y la niña y se destacaron con normalidad los rasgos más peligrosos de un maltratador. se apuntó con morbosidad la humillación a la que fue sometida la víctima por parte del victimario y sus alardes de machismo, publicado en uno de los artículos más leídos del día en El País.
Ayer lunes por la mañana, a la hora que el padre del agresor negociaba con la policía la entrega de su hijo, quien se había atrincherado con sus armas de caza en una finca familiar, el ABC titulaba en su noticia más importante de portada, declaraciones de la madre del asesino: "Esta mujer le volvía loco". En la noticia acusa a la madre de la víctima a quien la considera responsable del asesinato de su hija.
El Mundo no se queda atrás en un titular: "Estaba deprimido por no ver a la cría", también declaraciones de la madre del asesino. El artículo dice: "La historia de este extraño amor nos muestra a un hombre corriente, 'el más normal de los tres hermanos que vivían con los padres', con una familia 'muy querida en el pueblo', aficionado al tiro olímpico y obsesionado con las armas".
La Razón, por su parte titula en su noticia de fondo: "Amor fatal con 26 años de diferencia" y el artículo comienza así: "Casi siempre que una mujer aparece asesinada, el móvil pasional aparece en la investigación policial como una de las más que posibles causas del crimen. Así sucede también en el caso de la muerte de Almudena Márquez, de 13 años. La joven falleció el pasado sábado a manos de Juan Carlos Alfaro Aparicio, de 39 años, en la pedanía albaceteña de El Salobral, en un crimen donde todo apunta a un amor fatal, o mejor dicho, a un desamor fatal".
Culpabilizar a la víctima de su propio feminicidio es parte del imaginario patriarcal que reproducen los medios de comunicación. También forma parte de la propaganda misógina señalar que "ella lo volvió loco" y que la alienación de él era una consecuencia de la negativa de ella o de su familia a continuar con la relación.
En todas las noticias se abordó sin cuestionamientos o mayor profundidad su afición a la caza y su colección de armas: ¿cómo es posible que con esas características psicológicas, ese hombre haya obtenido un permiso para portar armas de fuego?
Y la pregunta de rigor, dirigida a los periódicos citados: ¿Cuándo van a incorporar un manual de estilo para el tratamiento de la violencia de género?
Enumero algunas de las características por las que considero a este caso un crimen machista, asesinato por violencia de género o feminicidio íntimo (asesinato cometido por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, novio, exnovio o amante. Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer -amiga o conocida- que rechazó entablar una relación íntima con este).
1. Cosificación y posesividad: el hombre estaba obsesionado con la niña y la consideraba "una cosa" que le pertenecía. Cosificación y posesión son dos rasgos machistas típicos: el agresor que acaba agrediendo y ultimando a su víctima no ve a una mujer-sujeto, mujer-individuo ni toma en cuenta su libertad de elegir, su autonomía o voluntad. Por otro lado, la posesión y posesividad reflejan su inseguridad y la necesidad de tener bajo control a una mujer.
2. Persecución, insultos y amenazas: el victimario no se resignaba a aceptar la relación y perseguía a la niña y a su familia. Según la cobertura del periódico El País y por declaración de testigos, hasta fue a buscarla a la salida de la escuela y delante de sus compañeros la trató de "puta" y "zorra" y advirtió a la madre de la niña que era francotirador: "Os mataré a todos para quedarme con ella".
3. Manipulación de un pederasta: conoció a la niña cuando ella tenía 11 años. Se comportó como un pederasta, un perverso clásico en el patriarcado que escoge a una infante para desplegar su círculo de dominio y seducción sin que la otra parte pueda ofrecerle mayores resistencias en esa relación asimétrica.
4. La venganza: suele ser un elemento potenciador y disparador del asesinato por violencia de género. ¿De quién se venga? En este caso de la familia de la niña y de la niña misma, responde a un deseo representado públicamente: "Ahora se van a enterar, sino es mía, no será de nadie más". Y lo que es peor, el mensaje dirigido a la familia y a seres queridos de la niña: "Por no dejarme poseerla, se las quitó para siempre porque de todas maneras es mía".
5. Aniquilación femenina y autoaniquilación masculina: "Tengo tanto poder sobre ti, que hasta puedo ejercer el poder último de quitarte la vida". Es un principio de la aniquilación machista ejercida por el agresor. En muchos casos, como en este, la planificación forma parte de esa decisión final y va acompañada del suicidio del victimario: si se acaba el objeto de manipulación, posesividad, persecución, amenazas y agresión, se termina aquello que le daba el poder de dominación. La autoaniquilación masculina forma parte de un círculo que se cierra, la inmolación del terrorista machista ante su último acto de entrega a sí mismo: la propia vida solo puede acabar con violencia.
6. La cacería de la niña: el cazador y el machista feminicida comparten rasgos similares cuando ejercen sobre otros seres la violencia asesina: control, persecución de su presa, en un escenario en el que llevan a cabo ese deseo con excitación y placer.
El Rambo de Albacete obtuvo su trofeo y nos lo ofreció. El terrorismo machista busca siempre manifestarse en un contexto de contemplación colectiva, provoca un estupor aleccionador, intenta justificar su representación como un hecho a la vez irremediable y normalizado, inexorable y trágico.
Este crimen patriarcal es horrendo. Pero doblemente horrendo es que no pueda verse como un crimen machista a través de la mirada de los medios de comunicación.
Así funciona la ceguera social ante la violencia de género.
Graciela Atencio -- Feminicidio.net --23/10/2012
Por favor, apóyanos a decir NO a la aprobación de un Código Penal denigrante y vejatorio para los derechos humanos de las mujeres dominicanas. Un Código que desconoce cada uno de los principios constitucionales consagrados, así como los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de protección de los derechos fundamentales de las mujeres. No más retrocesos! Por eso decimos NO a este inconstitucional proyecto. Apóyanos!
http://www.avaaz.org/es/petition/Dile_No_a_este_Codigo_Penal_inconstitucional
España se desploma en igualdad por la escasez de mujeres en altos cargos
Written by Sylet
Era de esperar, pero no por eso es menos sonrojante. España ha retrocedido 14 puestos en el índice global de igualdad de género delForo Económico Muncial. Cae del puesto 12 al 26. El batacazo que se debe, sobre todo, al descenso de la representación femenina en los puestos de toma de decisión política. Que haya cuatro ministras de 13 carteras en el Gobierno de Mariano Rajoy, y que las mujeres no superen el 30% de los altos cargos ha terminado por notarse no solo en las fotografías y en las políticas. También en informes internacionales como el Índice Global sobre Desigualdad de Género 2012, que evalúa a 135 países en función de su capacidad para cerrar la brecha de género en cuatro áreas fundamentales: acceso a atención médica, educación, igualdad económica y participación política. El análisis sitúa a Islandia, Finlandia y Noruega, como ya es tradición, en los primeros puestos del ranquin. Chad, Pakistán y Yemen son los últimos.
El andamiaje creado en España con leyes como la de Igualdad (de 2007), que planteaba medidas para que hubiese más corresponsabilidad en las tareas de cuidado —como la ampliación del permiso de paternidad—, y para dotar a las mujeres de mayor poder económico y político —paridad electoral— se está resquebrajando. España siempre ha ocupado posiciones más bien modestas en lo que el Índice llama participación económica y oportunidades, una variable que mide desde la brecha salarial al porcentaje de mujeres en puestos directivos o técnicos en las empresas. Pero ahora, lejos de escalar posiciones —pasó del puesto 78 en 2010 al 74 en 2011 y ahora vuelta al 75—, pierde terreno: la ampliación del permiso de paternidad se ha aplazado sine die, las empresas apenas hacen caso de sus códigos de autorregulación para favorecer la presencia femenina en sus cúpulas —son un 11,5% en los consejos de administración y un 22% de los puestos directivos—, y los hombres siguen ganando más por un trabajo de igual valor (un 22% según el INE).
Y sin medidas para atajar estos problemas y para lograr una distribución más equitativa del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos, la participación laboral femenina difícilmente crecerá. Y la brecha no solo se mantendrá, sino que aumentará. Así lo recuerda el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) que, frente al ejemplo positivo de los países nórdicos en este campo menciona lugares como Japón, Alemania o España, donde la escasez de políticas de apoyo no solo está dificultando que se reduzca la brecha de género, sino que ha provocado una caída del índice de natalidad sin perspectivas de mejora.
Una radiografía bochornosa que el Gobierno prefiere no comentar. Un portavoz de la Secretaría de Estado de Igualdad expone que se está estudiando qué indicadores se han empleado para ese descenso tan brusco. Pero lo medido por el WEF es lo mismo desde hace siete años, cuando se empezó a hacer el informe. Cierto es que el análisis no mide variables importantes, como la de los usos del tiempo o violencia de género —lo que sitúa a lugares como Filipinas o Nicaragua entre los 10 primeros, debido sobre todo a la presencia femenina en los puestos de liderazgo—, pero en cambio cubre a un porcentaje altísimo de la población mundial —un 93%—.
Carmen Quintanilla, diputada del Partido Popular y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, reconoce que aún queda mucho para lograr una representación igualitaria de las mujeres en los puestos de toma de decisión. “Pero no hay que olvidar que España ha hecho un gran esfuerzo. la participación de las mujeres en el parlamento está en un 36%, y hay parlamentos económicos en los que superan el 50%”, dice Quintanilla, que comparte el discurso del Gobierno de Rajoy en contra de las cuotas y la discriminación positiva. Habla, en lugar de eso, de “meritocracia” y “conciliación”. “La clave es hacer lo posible para conseguir una mayor flexibilidad en las formas de trabajo y que las organizaciones funcionen más orientadas hacia los resultados”, dice.
España aprueba en las variables relacionadas con la Sanidad y la Educación (en ambas en el puesto 34). Factores en los que, según el WEF, han mejorado la mayoría de los países. A Laura Nuño, directora de la cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, le preocupa, sin embargo, que en este país no tarden en empeorar. “La crisis y los recortes sociales están perjudicando especialmente a las mujeres. Con las reforma del Gobierno, elementos como la sanidad y la educación van a estar sometidas también a criterios económicos y eso va a provocar que España siga perdiendo puestos en materia de igualdad”, incide.
DESCARGABLE Informe del Fondo Económico Mundial (en inglés)
Fuente: elpais.es
23 octubre 2012
Índice AI: PRE01/508/2012
República Dominicana: El Parlamento debe despenalizar el aborto Los parlamentarios de la República Dominicana deben aprovechar el debate en curso en torno al Código Penal vigente y despenalizar el aborto, ha declarado Amnistía Internacional con motivo de la votación del miércoles.
El artículo 90 del Código Penal establece penas para las mujeres que intenten abortar, así como para quienes realicen abortos o ayuden a realizarlos, con independencia de las circunstancias, incluso si el embarazo es consecuencia de una violación o de incesto, o si la vida de la madre corre peligro si continúa el embarazo.
"La propuesta de Código Penal es contraria a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y mantiene una situación en la que se impide que los profesionales de la salud proporcionen la mejor atención a sus pacientes", declaró Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
"La penalización del aborto en todas las circunstancias, tal como se mantiene en la nueva legislación, viola los derechos de la mujer a la vida, a la salud y a no sufrir torturas, malos tratos ni discriminación, y es contraria a los compromisos internacionales de la República Dominicana en materia de derechos humanos."
Según la Organización Mundial de la Salud, la República Dominicana tiene un elevado índice de mortalidad materna. Algunas de estas muertes son consecuencia de abortos realizados en condiciones de riesgo.
En agosto de 2012, Rosaura, una joven de 16 años que padecía leucemia, murió debido a las complicaciones derivadas de un aborto espontáneo. Le habían diagnosticado la leucemia a principios de julio de ese año, cuando llevaba unas semanas de embarazo. En aquel momento, se le impidió que se sometiera a un aborto terapéutico —como recomendaron varios profesionales de la salud— porque era contrario a la ley.
También se aplazó la quimioterapia, pues a los médicos les preocupaba que dañara al feto.
"Los indicios muestran que cuando se prohíbe totalmente el aborto, los índices de mortalidad materna aumentan porque los médicos temen, o no pueden, proporcionar tratamientos que salvarían vidas que afecten al embarazo, incluso cuando son la única forma de salvar a la paciente", prosiguió Javier Zúñiga.
"Cualquier esfuerzo serio de la República Dominicana para abordar los elevados índices de mortalidad materna deberá incluir medidas para garantizar que no se producen muertes de mujeres debido a abortos en condiciones de riesgo."
"Lo que deberían hacer los parlamentarios de la República Dominicana es escuchar lo que reclama gran parte de la sociedad civil dominicana para que se protejan efectivamente los derechos de las mujeres y las niñas. Esto incluye despenalizar el aborto, proteger a mujeres y niñas de la violencia basada en el género, garantizar el acceso a información para prevenir embarazos no deseados, así como garantizar justicia a quienes sufran abusos."
República Dominicana: Carta abierta de Amnistía Internacional al Presidente de la Cámara de los Diputados en relación con las discusiones sobre el proyecto de reforma del Código Penal y la penalización del aborto
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Foro Feminista y varias organizaciones de mujeres calificaron como inaceptables, inconstitucionales y desconocedoras de derechos humanos, las disposiciones fundamentales contenidas en el Proyecto de Código Penal Dominicano aprobado en primera lectura.
Los temas que las organizaciones entienden fueron variados del Código actual son: la eliminación de la sanción a la violencia de género contra las mujeres, el hecho de que sólo considera grave la violencia intrafamiliar cuando se cause la muerte de la víctima, la una incapacidad permanente o por más de 90 días, que reduce la pena al incesto, reduce la pena al acoso sexual, encubre una violación sexual a una menor de edad, el femicidio y la penalización de aborto en todas las circunstancias.
Las mujeres calificaron de “retrógada” la criminalización del aborto, al referir que la penalización del aborto en todas las condiciones y etapas de la gestación constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres.
“Demandamos de la Cámara de Diputados la protección de los derechos de las mujeres y de la niñez sancionando su violación en la ley penal, en cumplimiento del deber del Estado de garantizar la protección de los derechos de todas las personas, incluyendo a las mujeres quienes representan la mitad de la población dominicana”, explica una comunicación enviada por el Foro Feminista a los medios de comunicación.
La pieza fue aprobada en primera lectura el martes 16 de octubre por la Cámara de Diputados.
A continuación el documento enviado por el Foro Feminista:
FORO FEMINISTA
RECHAZAMOS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE CODIGO PENAL DEMANDAMOS RESPETO A DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
El Foro Feminista y las organizaciones de mujeres aquí presentes declaramos como inaceptables, por inconstitucionales y desconocedoras de derechos humanos, disposiciones fundamentales contenidas en el Proyecto de Código Penal Dominicano aprobado en primera lectura el martes 16 de octubre por la Cámara de Diputados.
El texto aprobado contiene artículos que representan retroceso y negación de derechos fundamentales de las mujeres, derechos que ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, como los consignados en la Ley 24-97 que introdujo modificaciones al Código Penal vigente. Ningún Estado que se precie de Democrático de Derecho, comprometido con la progresividad de los derechos humanos, puede permitirse echar para atrás en el reconocimiento y protección de esos derechos.
Eliminación de la sanción a la violencia de género contra las mujeres
En el texto de Código Penal en discusión se identifican importantes retrocesos respecto a la Ley 24-97 como la eliminación de la sanción a la violencia de género contra las mujeres. El resultado de esa mutilación es la restricción de ese tipo de violencia a la que se produce entre miembros de una familia, concepto que desconoce totalmente la realidad de violencia que enfrentan diariamente las mujeres en este país. Las alarmantes cifras de más de 62,374 denuncias de violencia de género e intrafamiliar reportadas en el año 2011 por la PGR, y las 5,657 denuncias por delitos sexuales contra mujeres, dan cuenta de esta realidad, todavía oculta y sub-registrada.
Sólo considera grave la violencia intrafamiliar cuando se cause la muerte de la víctima, una incapacidad permanente o por más de 90 días.
Constituye igualmente retrocesos con relación a la 24-97 la disposición que condiciona a “daños corporales de consideración” las circunstancias agravantes de la violencia doméstica o intrafamiliar. Sólo se considera agravante cuando causa la muerte a la víctima, una incapacidad permanente o por más de 90 días. En contraste, en la 24-97 las agravantes dependen de las circunstancias en que se comete el hecho, es decir, en presencia de niños/as, portando armas, coartando la libertad de la mujer, entre otras condiciones referidas a los hechos cometidos por el agresor y no a los daños ocasionados y verificables sólo en el cuerpo de la víctima.
Reduce la pena al incesto
El incesto en el texto de nuevo Código no establece la máxima pena para esta infracción, desconociendo con ello los graves daños y secuelas que deja en la vida de un niño o niña este tipo de abuso sexual, al tiempo que excluye de la tipificación del incesto la filiación adoptiva como posible vínculo entre la víctima y el autor/a del hecho.
Reduce la pena al acoso sexual
El acoso sexual se sanciona en este proyecto de Código Penal con un día a un año de prisión menor, y contrario a lo que sería necesario frente a las características y dimensión del problema en la sociedad dominicana, siguen las limitaciones para las mujeres con relación a la falta de compensación frente a la pérdida de trabajo y otras repercusiones del acoso sexual.
Encubre una violación sexual a una menor de edad
Dentro de las infracciones de la sección “puesta en peligro de los menores de edad”, se ubica el atentado sexual contra una persona menor de edad quien ha sido sustraída de la casa parental, castigándose ese hecho con una pena de dos a tres años de prisión menor. Esa sanción es diez veces más baja que la establecida para la violación de un/a menor de edad y la misma que se estipula para quien comete un robo simple.
El Femicidio y la penalización de aborto en todas las circunstancias:
Aunque incorpora la figura del femicidio, el nuevo proyecto de Código Penal lo restringe a la relación de pareja, con lo cual excluye todos los asesinatos de mujeres que se producen por su condición de mujer fuera de ese vínculo. Datos de la PGR informan 1,382 casos de femicidios desde el año 2005 a noviembre del 2011. De este total, 660 fueron asesinatos de mujeres cometidos por hombres con quien la víctima no tuvo o tenía una relación de pareja.
Para culminar con el desapego del referido proyecto a las demandas de las organizaciones de mujeres, se mantiene la retrógrada criminalización del aborto, desatendiendo reclamos sostenidos y fundamentados de las mujeres por la eliminación de esas penas, en reconocimiento de una realidad de miles de dominicanas de escasos recursos que cada año arriesgan su salud y sus vidas con abortos clandestinos e inseguros. La penalización del aborto en todas las condiciones y etapas de la gestación constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres: su derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la dignidad, a la libertad de conciencia y de cultos, derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.
Todas estas omisiones, vacíos y distorsiones implican una violación a los convenios internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado dominicano, así como a la misma Constitución de la República que en su Artículo 42 inciso 2) establece lo siguiente: “Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”. Este mandato constitucional está siendo claramente transgredido por el proyecto de Código Penal.
Frente a todo lo anterior, demandamos de la Cámara de Diputados la protección de los derechos de las mujeres y de la niñez sancionando su violación en la ley penal, en cumplimiento del deber del Estado de garantizar la protección de los derechos de todas las personas, incluyendo a las mujeres quienes representan la mitad de la población dominicana.
FUENTE: ACENTO.COM
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